“En una democracia se pueden investigar hechos criminales al margen de la labor de los jueces”

La ley vasca de abusos policiales está en el meollo de la polémica política.

-Tiene una posición jurídica perfectamente defendible. En una democracia se pueden investigar hechos criminales. Lo hacéis los periodistas, lo hacemos nosotros en la universidad, se hace en las comisiones parlamentarias? Que exista una ley que quiera analizar hechos criminales y resarcir a las víctimas es perfectamente posible en democracia. No existió ningún problema para ejercer esta función con las víctimas del terrorismo. Se han hecho funciones resarcitorias al margen de la actuación judicial.

¿La comisión de valoración generará una “justicia paralela”? ¿Es esa la razón para tumbarla?

-Lo que no se quiere es que haya un organismo, en el País Vasco o cualquier otro sitio, que no puedan controlar para que siga bien tapada la losa del silencio. La posición oficial de la dictadura es que no se torturaba y eso sigue hasta hoy. Dicen que los tribunales funcionan. Es una falacia: los tribunales han mirado sistemáticamente a otro lado. Son incontables los informes de ONU o de Amnistía Internacional que señalan que hubo torturas.

¿Puede una autonomía investigar, que no juzgar, abusos a los derechos humanos sean los que sean?

-Desde el punto de vista democrático es perfectamente justo y posible que una institución autonómica analice conculcaciones de derechos humanos. No hay dificultades técnicas. Entonces, ¿por qué la sentencia del Tribunal Constitucional en caso de la ley de navarra? Es una sentencia de 5 votos contra 4. Y esa sentencia se inventa un principio, que es el de exclusividad de los jueces para investigar hechos criminales.

¿La ley vasca de abusos policiales es inconstitucional?

-Según la sentencia del Tribunal Constitucional, la ley navarra de 2015 es inconstitucional. No es así en el caso de la ley vasca.

¿Podría seguir el camino de la ley navarra?

-De momento se ha levantado el recurso. La constitucionalidad o inconstitucionalidad tiene una dimensión puramente formal. El Constitucional dice si es o no, pero también tiene una visión de legitimidad. Las jurisprudencias constitucionales cambian y también las vigilan otras jurisprudencias, por ejemplo, la de Estrasburgo. A mí me interesa el fondo de la cuestión. La sentencia de la ley navarra ha dicho que es competencia exclusiva de los jueces investigar hechos criminales. Obtuvo cuatro votos particulares, con argumentos más que sobrados, a mi juicio de mejor derecho. Investigar hechos para imponer una pena de cárcel, eso sí es competencia exclusiva de jueces.

Otros estamentos públicos también pueden investigar crímenes...

-Fiscales, policías, comisiones parlamentarias, periodistas, académicos? Lo podemos hacer con distintas funcionalidades. La ley vasca es perfectamente constitucional. Esa mayoría de jueces del Constitucional se han olvidado de la legislación internacional, se han inventado un principio y se han contradicho. No lo digo yo, reproduzco los argumentos de los votos particulares de aquella sentencia contra la ley navarra.

¿En qué situación se encuentra la ley vasca de abusos policiales?

-La razón está de nuestra parte, pero toca luchar, explicar y conquistar esa razón. Desde el punto de vista jurídico y formal, no es inconstitucional. Y después de levantarse el recurso es plenamente vigente. Porque el hecho de que se levante el recurso quiere decir que no está pendiente de un fallo a futuro. Cuando el gobierno impugna por inconstitucionalidad una ley, el Constitucional normalmente hace una suspensión a cautela. Está levantada, por tanto, la ley es operativa.

Que se haya levantado el recurso permite seguir con las labores de la comisión de valoración. Ese parecía ser el principal escollo.

-Técnicamente no estaba impugnada como tal, sino la función que tenía que ver con la investigación de hechos que no se basara en resoluciones judiciales. No era que la comisión como tal debía ser declarada nula, sino su función de declarar hechos al margen de un proceso jurídico-penal. Eso era lo que ponía en tela de juicio. Incluso con el recurso encima de la mesa, era posible su constitución.

¿Cuáles son los siguientes pasos a dar por la comisión de valoración?

-Hacer reuniones para determinar los protocolos que determinen cómo abordar los pasos a dar, cómo se van a estructurar las decisiones, etcétera. Cómo y de qué manera funcionará la comisión es algo que está por ver.

¿Se reforzó de alguna manera la composición del equipo de la comisión de valoración sabiendo que podía ser objeto de recurso?

-La ley estaba muy depurada desde el punto de vista jurídico. Y se reforzó extraordinariamente el proceso de composición de la comisión de valoración. Es una comisión suficientemente solvente para que en un momento dado pueda determinar con éxito quién fue víctima.

¿Entienden las críticas que vierten sindicatos policiales y asociaciones de víctimas contra la ley?

-No las entiendo. Aquí no se juzga a personas u organizaciones. En una democracia se pueden investigar hechos criminales al margen de los jueces. Esta verdad como un templo se ha utilizado, yendo mucho más allá, para negar la indemnización a Lasa y Zabala. Cuando las familias de Lasa y Zabala piden una indemnización y llega al TC, dicen que Lasa y Zabala son miembros de ETA conforme a informes policiales. ¿Qué son informes policiales? Vienen de un organismo del Ministerio del Interior. Una actividad administrativa puso las bases para negar una indemnización.

¿Identificarán a responsables de abusos policiales?

-Identificamos hechos, pero no para establecer responsabilidades, ni castigar nadie, ni negar nada a nadie. Lo contrario: es para dar a las víctimas el resarcimiento que se merecen.

¿Pretenden revisar algunos casos analizados anteriormente?

-Más que obsesionarnos con cifras, lo importante es que la comisión se ponga a trabajar. Cuando lo haga, y con seriedad, hay que trabajar ese mecanismo para ir dando un resarcimiento a cada persona que pueda solicitarlo. ¿Cómo vamos a tener en una democracia a personas a quienes se les han violado gravemente sus derechos humanos, y hay un velo no ya de impunidad respecto a los autores, sino un negar que ni siquiera existieron? ¿Por qué negarlo? Lo que ETA hizo a sus víctimas merece todo el arrope de la sociedad y toda la reacción de la administración de justicia y la indemnización a sus víctimas. Pero no se puede construir la realidad vasca de los últimos 50 años sobre la exclusividad de que ETA estuvo actuando, como si no hubieran actuado aparatos del Estado. Existen ciudadanos en nuestro país cuyos derechos humanos se violaron al máximo nivel y tienen todo el derecho a ser resarcidos, reconocidos y que su verdad se haga conocida. Por tanto, eso se irá haciendo y se debe de hacer de manera seria.

¿La ley da pie a revisar casos anteriores a 1978?

-Formalmente es de 1978 al 1999, pero la ley tiene disposiciones transitorias que permiten abrir los plazos hasta 1960 para volver a recibir peticiones y también permiten revisar los expedientes para elevar el estándar de derechos. Antaño se hizo de una manera, y ahora viene una manera mejorada. Se pone el contador a cero.

¿Debe sacarse la labor de la comisión de las disputas políticas? ¿Facilitaría su labor?

-Más que sacarlo del debate, sí exigiría que los partidos políticos limpien la mirada. No son temas de munición, son personas que han sufrido muchísimo y que merecen todo el respeto. Por tanto, no a la utilización de las víctimas, no a las guerras políticas partidistas. Pero, desde luego, que se trabaje con luz y taquígrafos para que haya un discurso fuerte de derechos humanos en este país. Las sociedades democráticas exigen que se sepa qué pasó y que se incorpore a la construcción positiva del futuro; no para alimentar revanchas. Esa es la base de una democracia sólida. No se debe extraer del debate, sino alimentar el mejor de los debates de la cultura de los derechos humanos. Y esa cultura no es de un partido, todos debemos contribuir a que sea un patrimonio de todos. No se hace contra nadie, sino a favor de todos.