madrid - El Gobierno español ha rechazado dotar al expresident de Catalunya Carles Puigdemont de los servicios de escolta que había requerido, argumentando que no ostenta ya ninguna autoridad del Estado y se encuentra además huido de la Justicia española. El Govern catalán pidió el mes pasado protección en el extranjero de los Mossos d’Esquadra por su condición de expresident. La respuesta ha sido negativa ya que no le considera una “autoridad pública” sino un prófugo.

El Ministerio del Interior se basa en un informe de la Abogacía del Estado en el que se afirma que “el expresidente de la Generalitat de Catalunya, físicamente, debería estar en un centro penitenciario”, en cumplimiento del auto del 21 de marzo del Tribunal Supremo. Por tanto, concluye, ponerle “cualquier servicio para su protección” sería innecesario e inviable.

Según informaron ayer fuentes de Interior, la solicitud de escolta para Puigdemont fue formalizada a mediados de julio por el director general de los Mossos d’Esquadra y, ante esta petición, el Ministerio recabó un informe de la Abogacía del Estado.

En ese informe se basa Interior para rechazar la solicitud y expone para ello dos motivos fundamentales: que ya no es una autoridad del Estado desde que fue cesado como presidente autonómico y que sobre él pesa una orden de busca y captura en España, que obligaría al policía que le acompañara a detenerle antes que a escoltarle, lo cual a su vez no podría hacerlo salvo si pisara territorio español. Cuando huyó del Estado español a finales de octubre, Puigdemont estuvo acompañado por un mosso d’esquadra, al que, en febrero, Interior retiró del servicio de escoltas tras abrirle un expediente por utilizar sus vacaciones para prestar ese servicio al expresident catalán. Era Lluís Escolà Miquel y actuaba voluntariamente al encontrarse en excedencia del servicio.

El día en que fue detenido en Alemania le acompañaban en el vehículo cuatro personas, dos de ellas mossos, Xabier Goicoechea Fernández y Carlos de Pedro López, quienes, al igual que los otros dos acompañantes, el empresario Josep María Matamala y el historiador Josep Lluís Alay, están siendo investigados en la Audiencia Nacional por encubrimiento.

Al haber rechazado el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena la entrega de Puigdemont a España desde Alemania solo por un delito de malversación y no de rebelión, como estableció un tribunal alemán, el expresident quedó libre para regresar a su refugio en Waterloo (Bélgica), donde lleva residiendo una semana., pero se expone a ser detenido si elige volver a Catalunya.

En estos momentos hay al menos tres mossos acompañando a Puigdemont en su vivienda en Waterloo. Uno de ellos, el que le acompaña desde finales de octubre, ha sido expedientado por su viaje a Bruselas. Los otros dos dicen que están de vacaciones y que están allí de manera libre. - DNA