madrid - El Gobierno español tuvo que realizar ayer una primera valoración apresurada del pacto del PNV y EH Bildu sobre la consulta habilitante, y ofreció una respuesta de manual al asegurar que ese mecanismo “está fuera” del Estatuto de Gernika, algo que nadie oculta y que está a la vista de todos. La portavoz del gabinete de Pedro Sánchez, Isabel Celaá, recordó que la consulta está “fuera de todo procedimiento” estatutario y, por tanto, “no tiene cabida” en el ordenamiento jurídico. Lo que plantea el PNV es precisamente modificar el ordenamiento jurídico de manera puntual, con la incógnita de qué posición podría asumir el PSOE si la reforma se plantease desde el Congreso de los Diputados. La otra posibilidad sería apelar a la voluntad política de Sánchez, una segunda puerta que pareció cerrar ayer la exconsejera vasca cuando apeló al marco jurídico. En el caso de que no se pudiera realizar la consulta en este estatus, el PNV querría incorporar la herramienta en la reforma para aplicarla en el futuro. Ese camino supondría seguir el itinerario legal.
Las declaraciones se producen en un momento dulce en las relaciones entre el presidente Sánchez y el PNV, que apoyó la moción de censura del socialista y ahora ve cómo se abre ante él la posibilidad de negociar las 37 competencias pendientes. No obstante, no es ningún secreto que esta consulta provoca rechazo en el socialismo porque la ve como una forma de presión al Gobierno español para generar un conflicto de legitimidades entre lo que diga la ciudadanía vasca y lo que dicta la Constitución, que no contempla el régimen bilateral ni el blindaje de competencias que plantean el PNV y EH Bildu.