En apenas un mes -el tiempo que transcurrió entre la disolución final de ETA el 3 de mayo y la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español el 2 de junio- el tablero político dio un vuelco radical en lo relativo a la normalización y la convivencia en Euskadi. Desaparecida para siempre la organización armada (luego desarmada) y desalojado de La Moncloa el PP de M. Rajoy (léase eme punto rajoy) y sustituido por el PSOE de Sánchez, puede hablarse con propiedad de que estamos ante “un nuevo tiempo”.

Es verdad que de momento solo hay palabras y voluntades más o menos expresadas que deberán materializarse pero el nuevo proceso es ya irreversible, aunque sin duda costará. Y mucho.

Uno de los temas fundamentales para consolidar la convivencia en este nuevo tiempo es desde luego el de los presos de ETA y de la kale borroka que la Justicia ha situado en su órbita. En estos momentos, y en el contexto actual, hay 280 reclusos vinculados a la banda, de los que 228 están encarcelados en prisiones del Estado español. De todos ellos, solamente tres (3) se hallan en cárceles de Euskadi y otros tres en centros más o menos cercanos. Es una situación sin sentido jurídico, legal ni penitenciario sino única y exclusivamente político. No digamos humanitario.

Ante ello, es evidente que Sánchez se ha aferrado al ejemplo de Emmanuel Macron, su homólogo francés, que en cuanto ETA se desarmó y anunció su disolución inició un inteligente y prudente proceso para acercar a los presos a cárceles más cercanas a sus domicilios. El espejo galo no es ninguna tontería y puede servir a Sánchez como asidero para abrir el camino. El presidente español es plenamente consciente de que en este proceso va a tener aliados -fundamentalmente, el Gobierno Vasco con el lehendakari Iñigo Urkullu a la cabeza- y duros detractores -en especial, las asociaciones de víctimas, así como el PP y Ciudadanos-. El pronunciamiento ayer del Parlamento Vasco en favor de una nueva política penitenciaria y por la asunción de la competencia para Euskadi, con el consabido único rechazo de los populares, es una prueba clara de ello.

Las víctimas son, asimismo, conscientes de lo que viene: un acercamiento progresivo, comenzando por los presos enfermos y mayores. Pero deberá haber más. Y, en función de las circunstancias, de las peticiones individualizadas, de la declaración contundente de rechazo a la violencia y del reconocimiento claro del daño causado, habrá también beneficios penitenciarios. Se llama simplemente cumplimiento de la ley.

La duda va a estar en el grado de beligerancia de las asociaciones de víctimas. Ya han amagado con salir “a la calle”, aunque pocos entienden en qué beneficia a una víctima, aunque sea doloroso, que los presos estén a cientos de kilómetros. La prudencia y la pedagogía van a ser fundamentales. La generosidad, también.