madrid - El traslado a cárceles catalanas de los políticos soberanistas presos está cada vez más cerca después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena respondiera ya a Instituciones Penitencias para indicar que no existe una “razón procesal” por la que los reclusos independentistas por la causa de rebelión deban estar en un centro penitenciario concreto. El magistrado recuerda una vez más que la elección de la prisión donde deben permanecer los reclusos es de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. De hecho, el Ministerio del Interior emprendió los trámites para el acercamiento a Catalunya de los líderes del procés tras preguntar a Llarena si tiene previstas más diligencias. El magistrado contestó a la comunicación remitida por Instituciones Penitenciarias sobre la conveniencia de llevar de vuelta a una cárcel de su territorio a los expresidentes de las asociaciones ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la exconsellera Dolors Bassa. Concretamente, se informaba de fijar el traslado a los centros de Quatre Camins (Barcelona), Brians II (Barcelona), Girona mujeres y Barcelona mujeres.

Tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, se hizo pública la nueva postura del Ejecutivo favorable a acercar a los reclusos a cárceles catalanas para estar cerca de sus familias y abogados. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había señalado la disposición a acercarles siempre y cuando tuvieran la autorización del juez. Sin embargo, desde el Tribunal Supremo ya se había advertido de que es competencia exclusiva de Instituciones Penitenciarias. Ayer Llarena, en una providencia, mantuvo otra vez esa posición dejando la decisión en exclusiva a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias

A la espera del señalamiento y apertura del juicio, Interior notificó al juez que tiene intención de trasladar a Catalunya a los dirigentes independentistas en situación de prisión provisional. Fuentes del Ministerio destacan que se trata de un “protocolo ordinario” que da paso a un trámite que conlleva “unos días” hasta que, finalmente, se procede al traslado bajo custodia de la Guardia Civil. Se trata, explican desde Interior, del mismo protocolo que se realiza con cualquier preso catalán con arraigo en esta comunidad, que tiene transferidas las competencias en materia de política penitenciaria. En el instante en el que se desarrolla el traslado, la vida en prisión de los líderes del proceso independentista dejará de estar supervisada por la Administración de Madrid a través de Instituciones Penitenciarias, ya que tomará el testigo el Servicio Penitenciario dependiente de la Consejería de Justicia catalana.

proceso Fuentes de Interior explican que el trámite se inicia con la notificación remitida al juez instructor preguntando si existe algún impedimento de carácter procesal que desaconseje el traslado. Los nueve políticos catalanes en situación de prisión provisional tienen que solicitar este traslado y, una vez que hay constancia de que no hay impedimento, la junta de tratamiento de cada una de las tres cárceles madrileñas (Estremera, Soto del Real y Alcalá-Meco) e Instituciones Penitenciarias tienen que elaborar un informe sobre la situación familiar y su vinculación con Catalunya. Una vez cumplimentado se hace saber tal paso a la Administración catalana, que tiene el poder de elegir el centro penitenciario en el que ingresarán los políticos procesados por delitos como el de rebelión y malversación.