Sánchez levanta el control de las finanzas catalanas pero obvia el derecho a decidir

Eso sí, a partir de ahora “los bancos podrán financiar al Govern en sus gastos sin necesidad de la supervisión del sello de España”, aclaró la ministra, que maneja además la cartera de Educación. El Gobierno de Mariano Rajoy intervino las finanzas del Ejecutivo entonces dirigido por Artur Mas en 2015, cuando la Administración catalana se adhirió al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En 2017 intensificó el control para evitar que el anterior Govern desviase dinero público para la organización del referéndum del 1 de octubre. “Nos ha parecido una medida de normalización en la confianza de que se hará bien”, añadió Celaá, aunque advirtió de que el Gobierno de Sánchez “estará informado de las eventuales partidas que pudieran orientare a cuestiones catalanas”. “Tenemos fórmulas para estar informados, se supervisarán los recursos para que el gasto sea legítimo y acorde a la ley”, puntualizó la ministra portavoz sin profundizar en los detalles al respecto. Por ejemplo, no certificó si este levantamiento afecta solo a las medidas de control aprobadas por Hacienda entre los meses de julio y septiembre de 2017 y si, por lo tanto, se mantienen en vigor las que rigen desde 2015 y que no se establecieron solamente sobre los fondos del FLA, sino sobre todo el Presupuesto de la Generalitat, que obliga desde entonces a a certificar mensualmente que sus pagos se ajustan a la legalidad.

Aunque ayer mismo el propio Carles Puigdemont señaló desde Berlín que satisfaciendo los famosos 45 puntos que él mismo llevó a Moncloa en su último encuentro con Rajoy “no se pone el contador a cero de la relación con Catalunya”; todo apunta a que pueden tenderse puentes en la cita que mantengan “muy pronto” Torra y Sánchez, que conversaron ayer por teléfono. Eso sí, desde Madrid ya avisaron ayer que el nuevo presidente español llevará “la Constitución en una mano y el diálogo en la otra con la voluntad de avanzar”. Lo cierto es que las palabras de la dirigente socialista vinieron a recordar a las que en su día reiteraba el Gobierno del PP y el propio Rajoy, cuando en plena operación diálogo afirmaba que estaba dispuesto a hablar de todo pero siempre dentro de la ley y de la Constitución, por lo que dejaba fuera la discusión sobre la soberanía nacional por no poder disponer de poder de decisión al respecto. “Lo que sea España en su conjunto lo deciden todos los españoles”, repetía. Y Celaá reiteró ese mensaje aunque con otras palabras: “Con el diálogo en una mano y la Constitución en otra es preciso avanzar”, reiteró.

La portavoz del Gabinete Sánchez aclaró que en el Consejo de Ministros no se abordó el posible contenido de ese encuentro e insistió en que solucionar la diatriba catalana supone una cuestión “prioritaria” con el objetivo de “normalizar” la situación. De hecho, situó la integridad territorial como “el principal problema” que tiene España, y que para solucionarlo es necesario abrirse al entendimiento y trasladar a la sociedad este ánimo de normalizar, acepción que repitió en varias ocasiones durante su intervención.

En paralelo, adelantó que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, tiene prevista una comparecencia la próxima semana sobre la cuestión catalana en la que podrá definirse mejor el escenario próximo. La cita entre Sánchez y Torra se enmarca en las reuniones bilaterales que tiene previstas con “todos y cada uno” de los mandatarios autonómicos, explicó Celaá, especificando que el líder socialista será quien marque la agenda. Ahora bien, el Gobierno español deja el derecho de autodeterminación o el derecho a decidir de Catalunya “absolutamente fuera” de ese cónclave. Cuando se le preguntó por el papel que jugará el nuevo titular de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, mal acogido por el mundo independentista por su afiliación al constitucionalismo a pie de calle, y el reflejo internacional del ministro, Celaá se limitó a constatar que “es un buen faro para seguir orientando la política catalana”. Según subrayó, la crisis catalana es un tema “transversal” en el Gobierno y a quien corresponde “el liderazgo” en esta materia es a Sánchez.

En lo que tampoco cogerá las riendas el nuevo Ejecutivo es en si existe opción de rebajar la tensión a través del acercamiento a las cárceles catalanas de los políticos independentistas que están en prisiones madrileñas, a lo que la portavoz recordó que están en prisión provisional y que su situación depende del juez instructor. “Esto es lo que en este momento acontece y debemos respetar esos tiempos”, matizó. Aquí aprovechó Celaá para aludir, sin citarla, a la actitud del PP, que tras perder al poder ha llegado a decir que Sánchez carece de “legitimidad democrática”. “Es importantísimo trasladar un nuevo ambiente en España. Sabemos que aún hay iras arrinconadas en algunas de las partes, pero queremos establecer una nueva pantalla el diálogo. Por encima de todas las ideologías está el servicio público a España”, argumentó.

pp: pide que comparezca sánchez La reacción desde la oposición al levantamiento del control financiero de las Cuentas de la Generalitat no se hizo esperar, sobre todo desde el PP, que registro en el Congreso la solicitud de comparecencia urgente ante el pleno de Sánchez, para que informe de sus supuestos pactos con partidos “radicales, independentistas y proetarras” que, según el partido de Génova, le permitieron ganar la moción de censura y llegar al Ejecutivo. Así lo adelantó el secretario general del grupo parlamentario popular, José Antonio Bermúdez de Castro, que censuró duramente la decisión. “Hoy hemos empezado a conocer el precio por apoyar la moción de censura”, denunció Bermúdez de Castro, que alertó de que el control sobre esos pagos se levanta “sin ninguna garantía” e incumpliendo el acuerdo al que había llegado Sánchez con Rajoy. Por eso, exigió al socialista que comparezca con urgencia y aclare “cual es el precio” que tendrá que pagar para entrar al Gobierno “por la puerta de atrás” y “sin pasar por las urnas”. Asimismo, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, aseguró que es un “error” y lo enmarcó en un “pago de los votos prestados” a Sánchez para ser investido. Por su parte, el senador y presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, destacó que “dar vía libre y sin supervisión al gasto de la Generalitat cuando se sabe que quieren avanzar en el golpe al Estado, deja en evidencia a un Gobierno débil que perjudica el interés de España”, resaltó, para concluir”: “eso sí, son muy majetes”.

Por su parte, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, afeó que Sánchez “empieza pronto a cumplir las exigencias de los separatistas”. En su cuenta oficial de Twitter, tildó de “premio” a un Govern que “sigue con su plan ilegal, usa embajadas para propaganda, da 20 millones de euros a TV3” y pone símbolos en edificios públicos. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, avisó de que si a partir de ahora la Generalitat destina dinero público al proceso independentista, el responsable será Sánchez, el culpable de lo que Torra “destine a reactivar el proceso contra nuestra democracia”.