MADRID - Marcos Benavent, exgerente de la empresa Imelsa y conocido como el yonqui del dinero, ha resultado ser un elemento clave en la operación Erial que ha desembocado en la detención del exministro Eduardo Zaplana, cerebro de una red de cobro de comisiones ilegales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en un registro a Benavent un documento clave para desentrañar esta presunta trama.

Fuentes de la investigación explicaron a Efe que los agentes de la UCO hicieron aquel registro en los preparativos de la operación Taula, que culminó en enero de 2016 con la detención de 24 personas y derivó en la acusación de financiación ilegal al PP valenciano. El caso Taula es una derivación del caso Imelsa, en el que se investiga una supuesta trama de corrupción en varias administraciones públicas valencianas y en el que Benavent es uno de los investigados, dado que fue gerente de esta empresa pública de la Diputación de Valencia de 2007 a enero de 2015.

En uno de esos registros los agentes hallaron un documento que no tenía nada que ver con la operación Taula pero en el que apreciaron suficientes indicios de actividades delictivas. Las fuentes confirmaron que el propio Benavent fue al juzgado a confirmar la autenticidad del documento. Su versión es que se lo entregó un ciudadano sirio que le dijo que lo encontró en una reforma de una vivienda que había pertenecido a la familia de Zaplana. Ese documento acabó en manos de Anticorrupción, que denunció los hechos e inició una investigación que ha llevado el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia a poner en marcha la operación Erial, en la que se investigan presuntos delitos de cohecho, malversación, prevaricación y blanqueo de capitales.

El foco está puesto sobre las adjudicaciones de las ITV de la Comunidad Valenciana en 1997 y sobre el plan eólico de la región, aprobado en 2001. Los investigadores creen que algunos de los empresarios beneficiarios habrían pagado alrededor de diez millones de euros en concepto de comisiones.

distanciamiento del PP Mientras que Zaplana, tras pasar la noche en la Comandancia de la Guardia Civil en Valencia era trasladado ayer a Madrid para estar presente en el registro de su despacho en la sede de Telefónica, el PP mantenía su campaña de alejarse del exministro, a quien, intencionadamente, situaban en el entorno de Ciudadanos.

Así, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría destacó la “agilidad” del PP a la hora de suspender de militancia a Zaplana, de quien recordó que lleva diez años sin ocupar ningún puesto de responsabilidad en el partido. Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, lamentó que Zaplana haya pertenecido al PP. “Lamento que una persona como Zaplana haya estado en mi grupo parlamentario y político”, aseveró el portavoz popular, que incidió en que el exministro dejó la actividad pública y política “hace mucho tiempo”.

En similares términos se expresó el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, quien afirmó que “Zaplana pertenece al pasado, un pasado de hace más de diez años y por el que tiene que responder individualmente”.

En este contexto de “alejamiento”, la única voz amiga, por llamarlo de alguna manera, que encontró Zaplana en las filas del PP llegó procedente de Rafael Catalá, ministro de Justicia del Ejecutivo de Rajoy. Catalá aseguró que Zaplana tiene derecho a la presunción de inocencia, por lo que pidió que se deje actuar a la Justicia. “La presunción de inocencia es un derecho de todos y hay que dejar que actúe la Justicia”, señaló el ministro. - DNA