MADRID - Cristóbal Montoro está en el punto de mira de Pablo Llarena por contradecir sus argumentos sobre la malversación de fondos en la causa del procés soberanista. El juez del Tribunal Supremo pidió ayer por escrito al ministro que explique, “a la mayor brevedad posible”, por qué considera que no se empleó dinero de las arcas públicas para el referéndum independentista del pasado 1 de octubre. En una providencia, el magistrado justifica su decisión en que varios procesados manifestaron ante él que el titular de Hacienda, cuyo departamento ejerce de acusación particular en este sumario, expresó “su certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017”, en una reciente entrevista en el diario El Mundo.

Ello frustraría las fuentes de prueba del sumario, dice el juez Llarena, que ha procesado a varios de los implicados por el delito de malversación, consistente precisamente en la utilización de dinero público en fines ilegítimos, por ejemplo la citada consulta secesionista. En los últimos días declararon ante Llarena los exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, todos ellos procesados por malversación además de por rebelión.

El juez emplaza al ministro a que le remita cuanto antes el “soporte objetivo concreto” de sus afirmaciones al citado diario en las que se han ido apoyando los comparecientes para afirmar que no existe tal malversación. Y recuerda que las fuentes de prueba acumuladas durante la instrucción contradicen esa conclusión. De hecho, según un informe de la Guardia Civil, la Generalitat malversó al menos 1.602.001,57 euros procedentes de fondos públicos en la organización y celebración del referéndum. El pasado 20 de marzo, el magistrado encargó a la Guardia Civil “la aportación de los documentos y demás elementos objetivos” que otorgan “soporte” a ese informe sobre “gastos públicos orientados a la celebración del referéndum de independencia”.

Las afirmaciones de Montoro tienen especial importancia de cara a la entrega de Carles Puigdemont una vez que Alemania adelantó que difícilmente la concederá por el delito de rebelión, ya que no aprecia la suficiente violencia. En ese caso, la extradición únicamente sería posible por la malversación de caudales públicos que negó el ministro de Hacienda. Sin embargo, tras el requerimiento del juez, Hacienda salió en defensa de las palabras de Montoro. La secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro, insitió en que el dinero del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica” no se ha destinado a sufragar gastos del proceso soberanista. En su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso para explicar las cuentas públicas de 2018, Navarro precisó que ese dinero “va directamente” a vencimiento de deuda o al pago de proveedores.

Tanto en la causa por rebelión que se sigue en el Tribunal Supremo como en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona la Abogacía del Estado, que representa los intereses de Hacienda en los procedimientos, está personado como acusación, junto al Ministerio Público y el partido Vox. Un par de días antes de que Llarena dictase el auto contra los líderes del procés acordó abrir una pieza separada, que declaró secreta, para profundizar en la investigación relativa al dinero público usado en el referéndum. En el auto se considera presuntamente malversado 1,6 millones de euros que se habrían destinado a pagar campañas de registro de catalanes en el extranjero (224.834 euros), campañas de publicidad (277.804 euros), de material electoral -papeletas y censo- (979.661 euros ), así como a los observadores internacionales (119.700 euros).