barcelona - JxCat quiere agotar la vía de Jordi Sànchez antes de proponer a otro candidato a la investidura. El exlíder de la ANC está en prisión preventiva por un delito de rebelión, pero los soberanistas quieren obligar al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, a que se pronuncie otra vez sobre un eventual permiso de salida. La novedad ahora radica en que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha admitido a trámite la queja de Sànchez y ha pedido como medidas cautelares que se garanticen sus derechos. Los soberanistas quieren que Llarena se retrate ante Europa. El juez, además, se verá en esta tesitura tras el correctivo de la Justicia alemana contra el delito de rebelión que ve en el procés, que precisamente es el principal delito por el que mantiene a Sànchez en la cárcel. Solo cuando se agote esta vía y reciban una negativa de Llarena, los soberanistas pensarán en otro candidato. Creen que esta estrategia les servirá para reforzar su posición en Europa. La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, consideró ayer en una entrevista concedida a Rac-1 que, si el juez no permite la investidura, va a “reforzar” a los independentistas. “Ayuda tanto en el caso de Puigdemont, como en el caso de Ponsatí en Escocia, el de los consellers en Bruselas y de las dos exdiputadas en Suiza”, dijo. Artadi avisó de que la candidatura de Sànchez obliga a Llarena a pronunciarse y decidir “si continúa violando los derechos fundamentales de los catalanes o aprovecha esta ocasión para comenzar a rectificar”.

Artadi defendió que Sànchez puede ser investido “con la ley en la mano” porque tiene todos los derechos intactos, y confió en que lograrán los votos necesarios. Sin los cuatro votos de la CUP, los soberanistas se quedan a dos de la mayoría absoluta. Artadi dijo que Puigdemont podrá volver a delegar su voto, como ya hizo en el último pleno, y que también lo podrá hacer el exconseller de Salud Toni Comín, de ERC: “Entendemos que hay una causa objetiva clara”. Además, aseguró que no descartan investir a Puigdemont a través de la modificación de la Ley de Presidencia para permitir el voto telemático: “No renunciamos nunca a la candidatura del presidente Puigdemont”.

También el presidente del Parlament, Roger Torrent, de ERC, apostó ayer en una entrevista concedida a La Vanguardia por poner en un brete a Llarena. Tras el pronunciamiento de la ONU, cree que el Supremo “debe decidir si respeta la legalidad internacional” o escribe “una página oscura” de la historia. Torrent subrayó ayer que Sànchez tiene “todos sus derechos políticos intactos” y que, pese a estar en prisión preventiva, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pide “permitir su investidura”.

En su opinión, tras la puesta en libertad de Puigdemont en Alemania, queda probado que “organizar un referéndum no puede ser perseguido en un país democrático, y menos como un delito de rebelión”, y a la vez “desmonta el intento del Estado español de criminalizar” al movimiento independentista. Ante las voces en el mundo soberanista que apuestan por volver a intentar la investidura de Puigdemont, Torrent dijo que “el problema es que actualmente el Estado español impide que pueda ser efectiva, porque no se respeta su derecho político”. No obstante, puntualizó que “eso no quiere decir que nos tengamos que resignar”.

SÀNCHEZ ACEPTA En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Jordi Sànchez, por su parte, aceptó ayer ser el candidato a presidente de la Generalitat “en plenitud” de sus “derechos políticos”, y pidió “hablar de todo” sin violencia ni renuncias. - DNA