MADRID - Los 60.000 euros depositados en el Tribunal Supremo por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural que evitaron que la número dos de ERC Marta Rovira entrara en prisión a finales del pasado mes de febrero, tras declarar ante el instructor del caso del procés, Pablo Llarena, serán adjudicados al Estado en los próximos días si estas asociaciones que actuaron como fiadoras no entregan a la investigada, exiliada en Suiza. Así se señala en una diligencia dictada por la letrada de la administración de justicia del juzgado de Llarena que concede diez días al tesorero de ANC Manuel Padrós, que entregó el dinero, para que ponga a disposición de la Justicia a Rovira.

El plazo para la entrega de la dirigente soberanista, lo que posibilitaría la devolución de los 60.000 euros a Padrós, termina esta semana, pues aún no se han agotado los diez días señalados en la resolución. La decisión se adopta en cumplimiento de los artículos 534 y 535 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que en el caso de incomparecencia de un investigado con fianza ante la justicia el secretario judicial debe señalar al fiador de los bienes prestados en fianza para que en el plazo de diez días “presente al rebelde”. De no hacerlo, como parece ser el caso, se procederá a hacer efectiva la fianza, declarándose adjudicada al Estado.

En cumplimiento de esta norma la secretaria del juzgado de Llarena dictó una diligencia de ordenación a comienzos de la semana pasada tras constatar que Rovira no se había presentado en el Supremo pasado 23 de marzo, día en que fue citada para comunicarle su procesamiento por rebelión y malversación de fondos públicos junto con otra veintena de implicados en este procedimiento. En esa misma resolución se apercibe a Padrós de que, de no presentar a Rovira en el plazo estipulado el Estado se quedará con el dinero entregado por las organizaciones civiles como fianza. - E. P.