BARCELONA - Una llamada de teléfono a las 23.36 horas del 6 de septiembre de 2017, a la misma hora en la que se votaban las leyes de desconexión en el Parlament, es la prueba de cargo con la que la Guardia Civil implica a la portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, en la organización del referéndum del 1 de octubre. Un informe enviado por el instituto armado al juez del tribunal Supremo Pablo Llarena sitúa a Artadi como interlocutora de Josep María Jové, considerado el cerebro de ERC en el plebiscito, en una conversación en la que ambos habrían acordado acelerar los trámites para la consulta. Con diversos líderes independentistas llamados a declarar judicialmente estos próximos días, el Gobierno del PP trata así de extender el círculo implicatorio del procés a una Artadi a la que muchos sitúan como plan B si el president cesado Carles Puigdemont se hace finalmente a un lado.

Artadi, que ya entonces ejercía de mano derecha de Puigdemont como directora general de Coordinación Interdepartamental del Departamento de la Presidencia, habría tenido un puesto secundario, aunque dinamizador. A ese papel apunta la Guardia Civil al esgrimir la llamada que recibió de Jové y en la que negociaron la fecha para publicar el decreto de convocatoria del referéndum a instancias del exconseller Jordi Turull. La mano derecha de Oriol Junqueras en los preparativos del 1-O habría conminado a Artadi a publicar un decreto a la mayor brevedad posible para poner en marcha la maquinaria de la consulta y, más concretamente, para enviar cartas a los ayuntamientos catalanes para que estos mostraran su disponibilidad a ceder locales. Artadi devolvió la llamada a Jové apenas tres minutos después, para comunicarle que el decreto se publicaría alrededor de una hora después. El president y los consellers firmaron la resolución la misma noche del 6 de septiembre.

No es esta la primera vez en la que Artadi aparece señalada en un informe de la Guardia Civil. Su nombre apareció en una conversación con el que fuera secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, en la que hablaron acerca de la creación de la Hacienda catalana. Pero sí es la primera ocasión en la que su aparición podría situarle en el punto de mira de la Justicia española. Su nombre ha sido citado en otras ocasiones en varios sumarios del procés aunque no ha corrido la misma suerte que la coordinadora general del PdeCAT, Marta Pascal, o la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que declararán ante el juez Llarena este próximo lunes en el Tribunal Supremo, un trámite judicial que en días sucesivos sufrirán otros líderes soberanistas como Artur Mas, Neus Lloveras o Anna Gabriel.

En el centro de las quinielas para suceder a Puigdemont -asentado ya en Bruselas y sin apenas visos de una vuelta a Catalunya- y a Junqueras -encarcelado en Estremera-, las posibles imputaciones de Artadi y Rovira cortarían de raíz los planes alternativos de los neoconvergentes y los republicanos para la sucesión de sus líderes. El plan B podría saltar por los aires.

Trama organizada Además de situar a Artadi en la periferia de la organización del 1-O, la Guardia Civil también puso rostro a la supuesta cúpula que preparó la consulta independentista, sobre cuya celebración pendía una orden de paralización por parte del Tribunal Constitucional. Estaría conformada por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva, aunque también contaría con responsables que orbitaban sobre ese triunvirato. A ellos, junto al escalafón inmediatamente inferior, se les acusa de actuar con “tácticas propias de la delincuencia organizada” al ampararse en el “secretismo” y en un “lenguaje convenido propio”, los que demostraría “cierto conocimiento de las técnicas policiales de investigación”.

Los sistemas de telecomunicaciones empleados -con “Whatsapp, mensajes de Telegram con autodestrucción en cuestión de segundos, correos electrónicos con borrado casi inmediato”-, el uso de nombres en clave o los “diálogos prácticamente surrealistas donde hablan de esto, eso o aquel, sin concretar el asunto, objeto o persona” serían claro ejemplo de ello. Por último, la Guardia Civil califica de “clave” el papel de la ANC, Òmnium y la Associació de Municipis per la Independència (AMI) como propulsores de la “presión social”. - I. Fradua