“Como Gobierno, tenemos que utilizar todos los instrumentos que la ley y la Constitución nos dan para evitar que alguien huido voluntariamente de la Justicia pueda de forma ilegítima ser investido”. Esta es la tesis que manejó ayer la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, para explicar el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la candidatura de Carles Puigdemont a ser investido presidente de la Generalitat, impugnación presentada en contra del criterio del Consejo de Estado.

La mano derecha de Mariano Rajoy se escudó en todo momento en cuestiones legales -“tenemos una obligación legal”, señaló- para justificar una decisión que, sin embargo, muchos juristas consideran precipitada e incluso un “fraude” a la Constitución.

Sáenz de Santamaría, que estuvo acompañada en su comparecencia por Iñigo Méndez de Vigo, portavoz del Ejecutivo, aseguró que la situación de Puigdemont, contra quien hay una orden de busca y captura, le impide ser president, y, por ello, y aunque recalcó que el informe del Consejo de Estado solo pone en cuestión el momento de recurrir al Tribunal Constitucional, señaló que el Ejecutivo del PP asume el compromiso de evitar que el expresident siga con su “desafío”. Esa cree que es la “obligación legal” del Gobierno, algo que considera que ocurrirá si el Constitucional admite a trámite el recurso, ya que se suspendería de forma automática la propuesta de Torrent para que Puigdemont sea investido. “A nosotros nos toca gobernar, y gobernar es elegir y decidir”, añadió la vicepresidenta, quien informó de que el Gobierno ha estado en permanente contacto con otros partidos, como el PSOE, aunque no mencionó a Ciudadanos.

Sáenz de Santamaría recordó al presidente del Parlament, Roger Torrent, que tiene muchos diputados entre los que elegir a un candidato que no se encuentre en situación de busca y captura. Ante la hipótesis de que propusiera al líder de ERC, Oriol Junqueras, la vicepresidenta recordó que uno de los dos informes que hizo ayer el Consejo de Estado considera que es necesaria la presencia ante el Parlament de quien pretenda ser investido. No obstante, a continuación precisó que las decisiones sobre las personas que, como el cesado vicepresidente de la Generalitat, se encuentran en prisión, corresponde a los jueces.