madrid - Francisco Camps, expresidente de Valencia, y según Ricardo Costa, “máximo responsable de la financiación irregular del PP” en esta comunidad, se atrinchera en su puesto en el Consejo Jurídico Consultivo (CJC) aunque le pidan su cese desde las Corts Valencianes ya que, según señaló ayer, “no tiene sentido” que el parlamento valenciano hable de él hoy, nueve años después de que dimitiera de su cargo. Camps cuesta al erario público la nada desdeñable cifra de 140.000 euros anuales, puesto que a los 58.000 euros de su sueldo en ese órgano hay que añadir los 48.000 euros de su secretaria particular y los 34.000 euros que cobra su chófer. Y es que, en virtud de su pasado como máximo responsable de la comunidad, Camps tiene derecho a secretaria y chófer.

Camps adopta esta posición numantina después de que el pleno de las Corts pidiera que renuncie como miembro del Consejo Jurídico “por haber incurrido en actos y comportamientos que no se corresponden con la necesaria dignidad de la institución”. PSPV, Compromís, Podemos y C’s votaron a favor y el PP se abstuvo, manifestando que no quiere convertir el parlamento “en un tribunal de honor franquista”. La portavoz adjunta los populares, María José Catalá, afirmó que la iniciativa es “un brindis al sol” y destila “ira, furia, resentimiento y venganza”.

Camps considera que hay una fijación con él porque “los partidos de la izquierda y catalanistas en la Comunitat Valenciana, desde hace muchos años, siendo presidente y dejando de serlo, me han tenido una inquina especial”. Además, al ser preguntado si está en condiciones de afirmar que no hubo financiación irregular del PP, señaló que está “en condiciones de garantizar lo que se ha dicho estos años por los responsables del partido: que las auditorías que se hicieron, todo lo que se dijo en los comités y juntas directivas, lo que se llevó al Comité de Derechos y Garantías de España es que la financiación había sido correctísima”. - DNA