bruselas - Carles Puigdemont “no abandonará Bélgica” tras la retirada de la orden de detención europea, aseguró ayer el abogado belga que asume su defensa, Paul Bekaert, mientras que su letrado español, Jaume Alonso-Cuevillas, consideró que esta decisión del Tribunal Supremo se produce “ante la probabilidad de recibir un bofetón de la justicia belga”. “Hubiera sido un bofetón muy gordo que la justicia de otro país europeo dijera que la justicia española no garantiza un juicio justo”, valoró, y añadió: “Dice la interlocutoria que solo los extraditarían -a Puigdemont y sus consellers- por unos delitos y por tanto tendrían un mejor trato que los que se han quedado aquí, pero creo que es el miedo a que la extradición fuera completamente denegada” por riesgo a que no tuvieran un juicio justo. Cuevillas tachó de “insólita” la decisión de Llarena y explicó que Puigdemont, con quien habló, la recibió alegre pero sabedor de que no puede volver a Catalunya porque sería detenido de inmediato.

Eso sí, no se pronunció taxativamente respecto a si se plantea volver durante la campaña, algo que “es cosa de Puigdemont directamente”. “La gran diferencia es que ahora vendrá si quiere, no conducido o entregado por la justicia belga”, reseñó. Y es que aunque sería detenido “inmediatamente”, el president, pese a saber las consecuencias. “tiene un compromiso político firme”. Eso sí, según el equipo jurídico, “es un tema muy serio como para improvisar”. De esta forma, la vida del president cesado en Bruselas solamente cambiará a efectos prácticos “porque dejará de estar sometido a las medidas cautelares”, entre las cuales está la de cada día tener que “enviar un correo electrónico antes de las nueve de la mañana informando sobre donde estaría durante el día”.

En el contexto de la situación de los líderes independentistas, el abogado Cuevillas sostiene que las interlocutorias del juez del Supremo Pablo Llarena sobre las causas que afectan al Govern cesado, al expresidente de la ANC Jordi Sànchez, y al líder de Òmnium Jordi Cuixart, son “especialmente preocupantes” porque hablan de un escenario de violencia. “Valida el requisito de violencia, que no concurre de ninguna forma, y eso quiere decir que, aunque algunos han salido de forma provisional en libertad, el proceso que viene de aquí a dos años o dos y medio hará que se enfrenten a penas brutales” de cárcel, lamentó en una entrevista en TV3. Alonso-Cuevillas, que también defiende a Lluís Puig y Clara Ponsatí, calificó de gravísima la valoración de Llarena porque atribuye a los procesados una estrategia de manipulación social: “Dos millones de catalanes abducidos por unas personas que dice que son las que deciden lo que debemos pensar”. Ensalzó el “hermetismo absoluto” de la justicia belga, ya que no se ha publicado el nombre del magistrado que decidía sobre la euroorden que afecta a Puigdemont y a sus consellers, y porque la policía los llevó el lunes al tribunal de Bruselas en coche para evitar las cámaras.