madrid - La atmósfera de la campaña electoral catalana ya tiene su primer protagonista: el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Tras aplazar al próximo lunes la decisión de si dejar en libertad al vicepresident cesado, Oriol Junqueras, a los siete exconsellers y a los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; provocará que el inicio de la misma, fijado para las 00.00 horas del martes, llegue mediatizado por su resolución y las reacciones que ésta genere, principalmente en el sector independentista. El magistrado reflexionará este fin de semana bajo la petición de los fiscales Jaime Moreno y Consuelo Madrigal de que los dirigentes soberanistas sigan en prisión. Tras las comparecencias de ayer, la Fiscalía solicitó que “ante la gravedad de los hechos investigados” se mantengan las medidas cautelares, para lo que entregó un informe en el que detallaba las responsabilidades de cada uno de los diez. “En todo caso, la Fiscalía considera que persisten los riesgos de fuga y de reiteración delictiva”, aseguró un portavoz.

Una postura gestada tras escuchar a los encarcelados a comprometerse, con matices, a abandonar la vía unilateral para alcanzar la independencia de Catalunya en declaraciones breves, de entre 10 y 20 minutos. Según fuentes presentes en la declaración, los diez líderes secesionistas defendieron que no hay argumentos para mantenerles en la cárcel y todos ellos, con mayor o menor contundencia, se comprometieron a no salirse del marco constitucional y que harán política dentro de los cauces legales. En este sentido, las defensas plantearon que muchos de sus defendidos son candidatos a las elecciones del 21 de diciembre y que no pueden prepararlas privados de libertad. Bien es cierto que, aunque salgan de prisión, las condiciones en que harán campaña tampoco pueden considerarse normales en tanto que, ante cualquier declaración que sea interpretada como un desacatamiento al artículo 155 de la Constitución, sea o no una mera crítica a este mecanismo del Gobierno español, puede devolverles entre rejas, de ahí por ejemplo que ERC haya colocado a Marta Rovira, su número dos, como máxima responsable de la campaña electoral.

El entorno de los presos había acudido a la declaración con provisiones económicas para pagar la supuesta fianza que esperaban que les impusiera el juez. Los encarcelados repitieron ante Llarena los argumentos que mantuvieron en los escritos presentados en el TC y con los que pretenden que el magistrado actúe como lo hizo con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el resto de miembros de la Mesa a los que dejó en libertad bajo fianza. Los consellers y los líderes de la ANC y Òmnium afirmaron que aceptan la aplicación del 155 aunque discrepan “política y jurídicamente” de esta medida. Quienes concurren a las urnas en los puestos de salida -todos menos Meritxell Borràs y Jordi Cuixart- señalaron, con matices, que no renuncian al objetivo de que Catalunya sea un Estado independientes, pero abogaron por hacerlo sin recurrir ni alentar la violencia, sino desde el “diálogo”. Algunos como el conseller de Interior Joaquim Forn fueron más explícitos al renunciar sin ambages a la independencia unilateral, pero no todos coincidieron en sus estrategias de defensa. De hecho, Oriol Junqueras y Raül Romeva, ambos de ERC, se negaron a responder a las preguntas de los fiscales, un silencio que también puede afectar a la hora de decidir su puesta en libertad.

Entre otras cuestiones, el Ministerio Público les planteó si acataban, aunque fuera “por imperativo legal”, la Constitución, a lo que ambos rechazaron dar réplica, según fuentes de la Fiscalía. Y es que si Forn y Borràs, única de los consellers que no se presenta a los comicios, respondieron a todas las preguntas de la Fiscalía y al resto de las partes; Dolors Bassa lo hizo a bastantes de las cuestiones; Carles Mundó, a algunas; y Josep Rull contestó a todos menos a Vox, personado como acusación popular. Nada de esto significa que Llarena asuma el criterio del Ministerio Público, como se vio con los miembros de la Mesa.

respuestas, distintas y matizadas Fuentes jurídicas presentes en las comparecencias explicaron que todos los encarcelados rechazaron el uso de la violencia, y que Romeva y Mundó plantearon la vía escocesa para Catalunya. En su petición de puesta en libertad, Sànchez y Cuixart destacaron que la Constitución es una norma flexible que puede modificarse para lograr que se reconozca el derecho a decidir, en respuesta a la pregunta de su piensan seguir por la vía unilateral, a lo que expresamente respondieron que no. Los exconsellers asumieron, en general, el 155 alegando como prueba de ello que aceptaron su cese aunque mostrándose disconformes con él. La única que admitió errores en el referéndum del 1-O fue Dolors Bassa y también ella, a preguntas de la acusación popular, reconoció la inconstitucionalidad de la secesión de una parte del territorio en las circunstancias que se hizo. Por su parte, Forn insistió en que han revisado su estrategia política porque han entendido que había que hacer autocrítica, y Rull aclaró que no hay posibilidad de destrucción de pruebas. Al conseller de Presidencia Jordi Turull se le recordó que prometió su cargo ante la Constitución y dijo que lo hizo porque era la fórmula legal para ello, si bien ahora se compromete a volver a la vía constitucional.

Tras acabar las declaraciones, volvieron a la cárcel, y es que ya desde el inicio de las comparecencias, Llarena advirtió a los letrados de que no iba a resolver la situación de sus defendidos hasta el lunes, periodo en el que debe valorar lo dicho por cada investigado, que alegó además su arraigo familiar y social, y su predisposición a colaborar con la Justicia, así como analizar si se ha reducido el riesgo de reiteración delictiva y el de fuga. Si acuerda excarcelarles y les impone una fianza que puedan reunir fácilmente, podrían dejar la cárcel el mismo lunes. Aun sin conocer el importe que se les podría imponer, el entorno de los dirigentes ha reunido estos últimos días dinero con la referencia de las cantidades pedidas a los miembros de la Mesa a los que Llarena dejó en libertad condicional (150.000 a Forcadell, y 25.000 al resto). La diputada de ERC Ester Farrella i Capé adelantó que “está todo previsto” para que se puedan consignar dichas fianzas.

El mismo lunes Carlos Puigdemont y los cuatro consellers cesados que le acompañan en Bruselas comparecerán ante el juez del Tribunal de primera instancia que decidirá sobre la orden europea de detención y entrega dictada contra ellos por la Audiencia Nacional. La audiencia podría alargarse todo el día, coincidiendo con la decisión de Llarena sobre quienes están encarcelados en España y también con el inicio de la campaña. Aunque queden en libertad, la figura del presidenciable hasta la jornada electoral se mantendrá en el aire. Primero, porque si Puigdemont regresa a Catalunya, en el momento que sea, a buen seguro que puede ser detenido e ingresar en prisión. Y además, porque la sentencia sobre los exconsellers puede ocasionar en unos meses que el propio Junqueras retorne a la cárcel. De ahí el nombre de Rovira como postulante para presidir la Generalitat tras emanar esta posibilidad del propio líder republicano.