barcelona - Por imperativo legal, como en ocasiones han acatado la Constitución española diputados nacionalistas vascos y catalanes, e incluso alguno de Podemos. Así aceptan el artículo 155 de la Constitución el destituido vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el resto de los cesados consellers de ERC que se encuentran en prisión: Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa. En un escrito remitido por su defensa al magistrado del Supremo Pablo Llarena, Junqueras y el resto de consellers piden su puesta en libertad y dicen acatar la aplicación del artículo 155, si bien afirman que no renuncian a sus convicciones políticas, aunque prometen defenderlas por “las vías del diálogo y la negociación”.

“Mis mandantes aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 en los términos que autorizó el Senado y aprobó el consejo de Ministros”, señala el escrito. “Lo han hecho por imperativo legal desde la más profunda discrepancia política y jurídica. Consideran que dicho artículo no permite en ningún caso cesar a los miembros del Govern, ni apropiarse de las funciones de la Presidencia de la Generalitat ni bloquear la actividad del Parlament, pero han decidido acatar su aplicación e impugnarla por los cauces jurisdiccionalmente oportunos”, añade.

En el escrito presentado al nuevo instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos en la que están imputados los antiguos miembros del Govern, la defensa de Junqueras, Romeva, Mundó y Bassa pide para todos la libertad provisional o una “medida cautelar menos gravosa”, así como que el magistrado Llarena les cite a declarar “a los estrictos términos de discutir los elementos relevantes para su situación personal”. También subraya que, en su opinión, en el procés no existen “indicios de la concurrencia de los delitos de rebelión y sedición, pues no hay constancia de los elementos típicos del alzamiento violento o tumultuario”. Es más, consideran que los hechos por los que se les imputa -rebelión, sedición y malversación- no son más que “el legítimo ejercicio de derechos fundamentales que deberían ser protegidos en lugar de perseguidos”, ya que es “la propia Constitución Española” la que, en su opinión, debe “proteger al disidente político dentro de sus principios de tolerancia al discurso político pacífico, incluso cuando dicho discurso es perturbador o chocante”. Junqueras y los consellers de ERC destituidos exponen también su condición de candidatos a las elecciones del 21 de diciembre, “a diferencia” de cuando fue ordenada la prisión, en las listas de un partido que, según remarcan, es “una organización legal, como legales son sus fines”. “Ahora mis mandantes son actores políticos de un proceso electoral y en condiciones normales tendrían derecho a participar de los actos de campaña, así como tendrán derecho a ejercer la representación política de los ciudadanos si resultasen escogidos, circunstancia que no se aventura improbable dada su posición en las listas electorales”, explica su defensa.

Ahorrar disgustos Ante la petición de Oriol Junqueras, el portavoz del Gobierno español, Iñigo Méndez de Vigo, afirmó ayer que el cesado vicepresidente de la Generalitat y los demás exconsellers habrían “ahorrado muchísimos disgustos” a los catalanes si hubieran acatado el orden constitucional en todo momento. Según subrayó el ministro de Cultura, cumplir a ley es lo que “todos” tenemos que “hacer siempre” y “en toda circunstancia”.

En declaraciones en los pasillos del Senado, Méndez de Vigo señaló que acatar el orden constitucional y cumplir la ley es lo que “todos” tienen que hacer “siempre”. Según explicó, la ley establece las reglas de juego y “si uno no cumple las reglas de juego el resto no sabe a qué atenerse”. Por ello, insistió en que “nos hubiéramos ahorrado muchísimos disgustos, especialmente al pueblo de Catalunya y también al resto de los españoles si el señor Junqueras y el resto de los consejeros hubieran acatado el orden constitucional desde el principio”.