gasteiz - No hay más que darse una vuelta un fin de semana por Ezcaray, Haro o Castañares para comprobar que vascos y riojanos conviven en perfecta armonía. Otra cosa son sus instituciones. Los desencuentros en los últimos veinte años han sido muy sonados, y el último, sin ir más lejos, acaba de producirse a cuenta del acuerdo que perfilan PNV, PSE y PP para rebajar el Impuesto de Sociedades del 28% al 24%, un punto por debajo del que cobran en las autonomías de régimen común.

El consejero de Hacienda riojano, Alfonso Domínguez, anunciaba el lunes que si no se armonizan los tipos en el Estado, estallará una nueva guerra jurídica en las riberas del Ebro. “Atacaremos esa decisión con todos los medios legales a nuestro alcance”, dijo Domínguez, dispuesto incluso a ir a los tribunales, donde ha habido cal y arena para unos y otros en anteriores ocasiones.

Ayer el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, calificó de “incomprensible” que se anuncien acciones judiciales “contra algo que no está aprobado”, y recordó de paso que de momento La Rioja es más atractiva que Euskadi desde el punto de vista fiscal, algo que “nosotros no hemos denunciado”. No entendía Erkoreka, por tanto, por qué “ahora ponen estas amenazas sobre la mesa”, “cómo hay que entender esa asimetría”.

Lo cierto es que los gobiernos riojanos han sido siempre muy susceptibles con el régimen foral vasco que, entienden, les perjudica económicamente. El primer conflicto surgió a cuenta de las conocidas como vacaciones fiscales. El Gobierno Vasco aprobó en el ejercicio 1993-1994 una serie de ventajas fiscales (reducción gradual durante diez años de la base imponible del Impuesto de Sociedades y un crédito fiscal del 45% a las nuevas inversiones de cierta entidad), y el fabricante de cápsulas para botellas Ramondin se marchó de Logroño para recalar en Euskadi. La Rioja denunció el caso, las vacaciones fiscales fueron declaradas ilegales en 2000 por la Comisión Europea y en 2006 por el Tribunal de Justicia de la UE, y la firma tuvo que devolver a la Diputación alavesa 10,4 millones de euros. A Euskadi le cayó además una multa europea, ya en 2014, por valor de treinta millones de euros.

La justicia se pronunciaría a favor de la CAV, en cambio, en una cuestión crucial, que atañe al meollo del actual autogobierno vasco. La Rioja -y también Castilla y León- denunció la rebaja en 2005 del tipo del Impuesto de Sociedades de los tres territorios al 32,5%, frente al 35% del resto de comunidades. El caso saltó del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al Tribunal de la Unión Europea y su fallo, en septiembre de 2008, supuso el encaje del Concierto Económico vasco en la legalidad europea, ya sin dudas jurídicas. Se sentó de hecho una jurisprudencia que le pone ahora difíciles las cosas en los tribunales al Gobierno de José Ignacio Ceniceros.

El último episodio de mala vecindad instituciomal entre Euskadi y La Rioja, antes del presente, no afectaba a la fiscalidad, aunque sí se trataba de forma indirecta de una cuestión de dinero. En septiembre de 2011, el entonces mandatario riojano y hoy vicepresidente del Senado Pedro Sanz anunciaba que no se atendería a pacientes riojano alaveses en el hospital San Pedro de Logroño. Tras meses de desencuentros y negociaciones, en marzo de 2012 se renovaba la colaboración sanitaria entre ambas comunidades después de que el Ministerio de Sanidad aprobara la creación de un fondo de garantía asistencial que pagaría los gastos que generen los ciudadanos de Euskadi en La Rioja.