madrid - Tras el fallecimiento del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el Gobierno español iniciará los trámites preceptivos para su relevo, en un proceso que se prolongará al menos dos semanas y durante el cual se hará cargo del ministerio públicos el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas. Mientras tanto, la familia de Maza tramita en Buenos Aires la repatriación del cadáver. El embajador de España en Argentina, Javier Sandomingo, precisó ayer que los restos mortales se encuentran en la funeraria porque no se le va a realizar autopsia. También confirmó que se están completando los tramites para que la repatriación sea hoy en un vuelo regular, que llegará a Madrid en la madrugada de mañana.

Luis Navajas estará a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) porque, tal y como determina la normativa, el teniente fiscal del Supremo tiene entre sus funciones la de sustituir al fiscal general del Estado en caso de ausencia, enfermedad o vacante. Navajas ha trabajado codo con codo con Maza en la actuación de la Fiscalía contra el proceso soberanista catalán y le acompañó en la presentación de las querellas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto del Govern por delitos de rebelión, sedición y malversación, y contra la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia.

Es la segunda vez que asume esta función. Con la renuncia de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado, el 19 de diciembre de 2014, Navajas ocupó de forma interina el puesto hasta que Consuelo Madrigal tomó posesión como nueva titular, el 13 de enero.

Los trámites para el relevo de Maza deben comenzar con la elección de la persona más adecuada para el cargo, una búsqueda que no es tarea fácil y que el Ejecutivo centrará en los juristas españoles de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

El fiscal general del Estado, cuyo mandato dura cuatro años, es nombrado y cesado por el Rey a propuesta del Ejecutivo tras acuerdo en Consejo de Ministros, pero deber contar con el aval del Consejo General del Poder Judicial y ser oído después en la Comisión de Justicia del Congreso para obtener el beneplácito del legislativo. - Efe