vitoria - Tras meses de preparativos y comparecencias de expertos, este lunes el Parlamento Vasco comenzará a abordar la negociación pura y dura del nuevo estatus de autogobierno para Euskadi. Los grupos se reunirán en la Ponencia de Autogobierno para fijar el método y el calendario de los trabajos. Se desconoce qué planteamiento presentará cada uno, pero todas las miradas se dirigen por ahora al modelo de la Ponencia sobre Memoria y Convivencia. En ella, los partidos han articulado los trabajos en cuatro capítulos diferenciados a modo de guion para tejer consensos poco a poco y punto por punto. Trasladar este modelo a la Ponencia de Autogobierno supondría fijar un guion donde los temas estrella podrían ser el concepto de nación, el blindaje de las competencias, la bilateralidad, el principio democrático y el derecho a decidir, y el principio de legalidad, entre otros puntos. Cada grupo fijaría sus prioridades y se buscaría un acuerdo para aclarar por dónde empezar y en qué plazos deberían cerrarse las bases del nuevo estatus.

Las negociaciones se van a abordar en un contexto muy complicado. La crisis catalana está aflorando las pulsiones más centralistas del PP y el Gobierno español, donde algunas voces han insinuado que el Estado debería recuperar competencias cedidas a las comunidades autónomas, han avisado de que no es momento de transferir materias e, incluso, han amagado con aplicar el artículo 155 y suspender el autogobierno de los territorios díscolos. No es el escenario ideal para reivindicar una ampliación del autogobierno.

En los círculos parlamentarios reconocen que la situación es complicada, pero la consigna es avanzar y no detener las máquinas. “No nos puede paralizar”, aseguran. La intención es evitar que la situación catalana afecte al debate, y rechazar también un contagio de la vía unilateral. PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE coinciden en aferrarse a una vía propia basada en el pacto entre vascos y con el Estado. Solo EH Bildu se muestra escéptica, cree que no es realista pensar en un acuerdo con Rajoy, y asegura que con Madrid únicamente hay que negociar aspectos técnicos y procedimentales, pero nunca de contenido. El PP también está presente en la ponencia, pero no muestra interés en el debate. Los demás partidos quieren exprimir las opciones con Madrid, convencidos de que un acuerdo amplio, transversal y legal servirá para remover las posiciones de Rajoy.

El socialismo se aferra también al debate de la reforma constitucional que ha impulsado en el Congreso de los Diputados y cree que puede propiciar un nuevo clima y ser una rendija para ampliar el autogobierno, pero es una discusión a la que nadie más ve recorrido. La otra posibilidad es que Rajoy entre al debate para trasladar la idea de que premia la vía legal, como ya hiciera hace unos meses vendiendo los acuerdos presupuestarios con el PNV como un modelo a seguir frente a la vía catalana. Por lo pronto, el Gobierno español ya trabaja con la previsión de volver a sondear a los jeltzales a partir de las elecciones catalanas del 21 de diciembre, cuando espera que amaine la crisis catalana. El PNV no entrará en las Cuentas mientras perdure la intervención del autogobierno catalán.

El planteamiento de los jeltzales es debatir unos cuatro meses sobre las bases del estatus. Después se encargaría la redacción del articulado a un órgano parlamentario o externo (un grupo de juristas o una entidad de expertos). Esa fase duraría ocho meses. El texto volvería al Parlamento Vasco para su tramitación, se convocaría una consulta habilitante entre los vascos para reflejar el respaldo social a la propuesta, y sería negociada con Madrid, según el esquema del PNV.

Por ahora, el principal escollo político es el derecho a decidir. Lo defienden el PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, pero no el PSE. Se da la circunstancia de que los socios de gobierno, PNV y PSE, tienen una discrepancia muy acusada en este terreno, aunque es una diferencia que se recoge en su acuerdo y, en principio, no se prevén turbulencias en el Ejecutivo. Por el mismo motivo, el apoyo del socialismo al artículo 155 tampoco ha originado una crisis de gobierno.