BARCELONA - Ayer finalizó el plazo de tres días hábiles que dio la jueza Carmen Lamela para que Carles Puigdemont y los doce miembros de su Govern presentaran una fianza de más de seis millones de euros. En concreto, el auto con el que la magistrado de la Audiencia Nacional mandaba a prisión a los ocho miembros del Ejecutivo catalán que se quedaron en el Estado español decía: “Requiérase -al expresidente Puigdemont y los 12 exconsellers de la Generalitat- a fin de que, en el término de tres días presenten fianza por importe de 6.207.450 euros, con el apercibimiento de que, si no prestaren dicha fianza en el término fijado, se decretará el embargo de sus bienes hasta cubrir dicha suma”.

Este plazo de tres días que fijaba el auto finalizó ayer sin que por parte de los miembros del cesado Govern, tanto los que se encuentran en prisión como los que están en Bruselas, hayan hecho frente a la fianza. Los 6,2 millones de euros que la jueza de la Audiencia Nacional estableció como fianza corresponden a la cantidad que suman las tres partidas presupuestarias que se aprobaron en Catalunya para la celebración del referéndum del pasado 1 de octubre, y que más tarde fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Ante el supremo El hecho de que Carmen Lamela admitiera la querella y fijase un fianza antes incluso de tomar declaración a los encausados supone otra de las diferencias en la actuación de la jueza de la Audiencia Nacional con respecto al proceder del magistrado instructor de la causa por rebelión en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al admitir la misma querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa del Parlament.

Y es que la presidenta del Parlament y los cinco miembros de la Mesa de la Cámara catalana deben comparecer hoy en el Tribunal Supremo. Forcadell acudió a declarar la pasada semana y pidió una prórroga de una semana puesto que argumentó haber recibido la citación apenas 24 horas antes por lo que no había tenido tiempo para preparar su respuesta junto a su abogado. El juez Llanera, y a diferencia de Carmen Lamela, atendió a la demanda de la presidenta de la Cámara y otorgó tanto a ella como a los miembros de la Mesa esos siete días de prórroga.

Ahora, para acordar prisión incondicional sin fianza, como hizo la juez Lamela en la Audiencia Nacional contra los miembros del Govern, el magistrado Pablo Llanera tiene que detectar la existencia de riesgo de fuga, reiteración delictiva o destrucción de pruebas. Y lo cierto es que desde que el Senado autorizó al Gobierno de Mariano Rajoy a aplicar el artículo 155, Forcadell ha acatado la orden llegada desde Madrid y desde el primer día asumió la disolución de la Cámara autonómica.

De momento, y a la espera de la decisión que adopte hoy el juez Llarena, Carme Forcadell ha convocado para el próximo lunes, día 13, una reunión de portavoces de los grupos para acordar el orden del día y la fecha de convocatoria de la diputación permanente de la cámara, a fin de cubrir varias vacantes en la Mesa de este órgano. - DNA