madrid - El Gobierno culmina hoy la asunción del control del Govern catalán en el primer día laborable después de la aplicación del artículo 155 y de la destitución de Carles Puigdemont y de sus consellers con el convencimiento de que los funcionarios autonómicos serán leales y de que estarán “al lado de la ley”.

Bajo la coordinación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo tendrá ocasión de comprobar si encuentra obstáculos a esta intervención, autorizada el viernes pasado por el Senado y que ha supuesto el cese de unos 150 cargos, ya sea directamente o de forma indirecta, como asesores.

De hecho, Sáenz de Santamaría ha pasado el fin de semana analizando la coordinación del Ejecutivo para Catalunya, hablando para ello con diversos colaboradores y en contacto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que acudió a la manifestación de ayer en Barcelona a favor de la unidad de España, se mostró “convencida” de que los funcionarios de la Generalitat estarán “al lado de la ley”. “Confiamos en los funcionarios de la Generalitat. Siempre han demostrado que están al lado de la ley y estamos convencidos que todos los funcionarios de la Generalitat continuarán estando al lado de la ley para preservar el autogobierno, la autonomía y los servicios públicos en Cataluña”, aseguró.

Un mensaje que llega después de que algunos cargos como Josep Rull, que era conseller de Territorio, anunciaran que hoy acudirán a sus despachos como “ministros” de la nueva “república catalana”.

Se desconoce qué harán tanto el cesado president de la Generalitat, Carles Puigdemont, así como su vicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras, quienes el sábado aseguraron no reconocer su cese.

Precisamente la situación en Catalunya ya marcó la segunda investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, de la que ayer se cumplió un año. Así, el presidente del Ejecutivo central inició un nuevo mandato condicionado por el reto independentista catalán, ante el que esta pasada semana ha respondido con el artículo 155 de la Constitución y convocando elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.

En esas decisiones confía para que se restablezca la normalidad después de los pasos que ha ido dando el independentismo en los últimos doce meses y que han hecho realidad su amenaza de que proclamaría la república catalana.

Desde que el 29 de octubre de 2016 Rajoy consiguió in extremis los votos necesarios para un segundo mandato gracias a la abstención de la mayoría de diputados socialistas (decisión que costó la dimisión de Pedro Sánchez como su líder y su renuncia al escaño), Catalunya se situó al frente de sus preocupaciones.

Y no solo por el proceso independentista. En pleno mes de agosto fue centro de atención internacional por los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils (Tarragona). La unidad ante esas acciones terroristas no tuvo continuidad en el terreno político, y en el último mes y medio se han ido precipitando los acontecimientos entre partidarios y detractores de la independencia con un punto de inflexión: el referéndum del 1 de octubre al que el Gobierno y la Justicia no dieron validez. - Efe/E.P.