BARCELONA - Los funcionarios catalanes apuntan a no reconocer la aplicación el artículo 155 de la Constitución, que motivará que su labor sea administrada por el Gobierno español. Si el mecanismo constitucional se activara, pasarían a actuar bajo las directrices de los órganos estatales. Esa situación ha levantado ampollas entre algunos sindicatos que operan en los ámbitos en los que el ejecutivo español más complicado tendrá actuar. La central Fepol, mayoritaria de los Mossos d’Esquadra, reclamó que la activación del 155 esté sujeta a la proporcionalidad, se actúe de forma no invasiva y respete el autogobierno. La central educativa USTEC-STEs fue más allá y aseguró que si la escuela catalana es intervenida “no reconocerá como interlocutores válidos” a aquellas personas que asuman las competencias.

Valentín Anadón, portavoz de Fepol, recordó que como sindicato siempre se han opuesto a la aplicación del 155 a la Generalitat y al cuerpo de Mossos. “Pediremos hasta el último minuto que se agote el diálogo para evitar este escenario indeseable”, reconocieron. En caso de que la medida finalmente se aplique al cuerpo policial catalán -por ahora encabezada por el major Josep Lluís Trapero-, tal como prevé el acuerdo del Consejo de Ministros, su respuesta será exigir “su aplicación con proporcionalidad” y que se preserve el autogobierno de la Generalitat y de la policía catalana. “Velaremos para que no haya ningún tipo de extralimitación en su aplicación y se mantenga la estructura y las competencias del cuerpos”, aseveró. El Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME), por su parte, afirmó que su “máxima preocupación es el cuerpo y la seguridad jurídica de los agentes”.

“resistencia” El sindicato de docentes USTEC-STEs, por su parte, se mostró más beligerante al avanzar que si la escuela catalana es intervenida “no reconocerá como interlocutores válidos” a los responsables que el Estado podría colocar en la Conselleria de Educación. En un comunicado hecho público ayer, realizaron un llamamiento a la comunidad educativa “a la resistencia contra las imposiciones de un Estado que, a partir de la pedagogía de los hechos, ya no puede considerarse como democrático”.

Esta central sindical educativa, la principal entre profesores de las escuelas catalanas, afirmó también que la activación del artículo 155 de la Constitución es “la excusa legal para implantar una dictadura que ya funciona desde el momento en que, durante la campaña del 1 de octubre, se han cerrado webs, detenido arbitrariamente a trabajadores públicos y violado correspondencia privada”. - Efe