barcelona- El artículo 155 de la Constitución ya está en marcha. ¿Qué esperan que pase en las próximas horas?

-El 155 ya está funcionando porque la autonomía ya está intervenida. Empezando por la economía, el Govern no puede hacer ningún pago sin la autorización del Estado y las entidades financieras aceptan esta norma. El Estado tiene dudas de qué pasos dar en esta intervención porque imagina lo que todos sabemos: que si tumba más espacios institucionales estará obligando a reaccionar y a movilizarse en su contra a sectores sociales y políticos independentistas. Por ejemplo, una agresión contra el autogobierno no interpela solo a sectores independentistas, sino que va mucho más allá. Se lo están pensando mucho.

Los partidos independentistas y las entidades soberanistas han anunciado un incremento de la movilización en las calles. ¿En qué se va a concretar?

-La movilización debe continuar en la clave que hemos visto hasta ahora, reivindicativa y de solidaridad contra la represión. Pero cuando la independencia se declare formalmente, las movilizaciones deberán tomar forma de defensa de la república. Los siguientes pasos que se van a dar para desplegar la ley de transitoriedad van a necesitar mucha participación ciudadana. Será necesaria mucha movilización para que la institución funcione. Veremos nuevas formas de movilización, que no serán solo reivindicativas sino que serán constructivas de una nueva institucionalidad.

Y la convocatoria de una nueva huelga general ¿es plausible?

-Sí, es una posibilidad que está sobre la mesa. Parar la economía es un mensaje clarísimo que transciende fronteras. Parar un país como Catalunya que está interconectando muchas economías del mundo nos vuelve a situar en el mapa. Pero hay que ser responsables a la hora de utilizar esta herramienta.

Catalunya ya se paró el pasado día 3 de octubre.

-Y sacó a la calle a muchos sectores económicos y políticos diversos. El día 1 de octubre se expresaron en las urnas pero el día 3 se expresaron de forma activista. La virtud de una huelga general es que demuestra mucha fuerza social. Son muchos sectores económicos diferentes que paran el país porque no están de acuerdo con el funcionamiento del statu quo. Pero organizar una huelga es un gran reto, no puedes dilapidar el capital que supone una acción de esta envergadura. De esto somos conscientes partidos y entidades.

¿Y es sostenible para el tejido económico catalán?

-Las empresas que son conscientes de estar participando dentro del proceso independentista hacen su cálculo de costes a corto y largo plazo. La burguesía catalana ya hace tiempo que entiende la situación política catalana de forma distinta al pequeño y mediano empresario. La oligarquía que tiene como paradigma los dos grandes bancos catalanes ya hace tiempo que se manifestaba contra el procés. Ahora hacen un paso más con la guerra psicológica de trasladar las sedes fuera.

¿Y la pequeña y mediana empresa?

-Están demostrando estar comprometidos con la proclamación de la república catalana Un ejemplo clarísimo es Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, que es empresario y está en prisión preventiva por ser consecuente con lo que piensa.

El sábado hay una nueva manifestación en Barcelona. ¿Es sostenible la movilización permanente?

-Es la única herramienta de la que dispone el independentismo. Sin las movilizaciones no habríamos llegado hasta aquí. No es que sean importantes, es que son determinantes. La movilización ciudadana obliga a que las instituciones tomen decisiones y a su vez, las decisiones que toman las instituciones sitúan nuevos retos para que la movilización actúe. Se retroalimentan.

El día 10 de octubre la movilización pinchó tras el discurso de Carles Puigdemont.

-La institución no estuvo a la altura. La calle pide que se declare la república catalana y la gente sabe que conlleva unos riesgos y costes, pero está dispuesta a asumirlos. El 1 de octubre todos sabíamos que participar podía suponer jugarse el físico y pese a eso la gente estuvo todo el día en la calle.

¿Qué cree que les empuja?

-Hacen un cálculo de costes y beneficios, como las empresas. Y también juega un papel importante la cultura política. Aquí mucha gente sabe lo que costó luchar contra el franquismo. Somos un país con sindicatos fuertes, sabemos lo que cuesta luchar por mejoras laborales. La lucha no es algo nuevo.

¿Por qué Puigdemont no declaró la independencia cuando todo el mundo creía que lo iba a hacer?

-Puigdemont recibió y recibe muchas presiones. En aquel momento no las socializó con el resto de fuerzas del bloque independentista y eso fue un error. Tomó la decisión él y un grupo reducido de personas y lanzó un mensaje equivocado a la gente y a la comunidad internacional.

¿Qué tipo de presiones?

-Nos trasladaron presiones de alcaldes metropolitanos que alertaban de la fractura social, también informaciones poco precisas de una posible represión desmesurada. También se nos informó de presiones internacionales.

Estas últimas son las que trascendieron a los medios.

-Sí, pero estos actores que supuestamente están actuando de mediadores hicieron unas exigencia al president y éste las cumplió. Sin embargo, no vemos que haya exigencias hacia el otro lado, hacia el Estado, y si las hay, no vemos que se estén cumpliendo. Lo que es evidente es que no es un mediador neutral.

¿Es optimista respecto a la declaración de independencia?

-El mandato del 1 de octubre está vivo. De esto somos conscientes tanto Junts pel Sí como la CUP. Es difícil llevarlo a cabo, pero renunciando a hacer frente al mandato tampoco nos están yendo mejor las cosas. Además, hemos dejado de ser foco informativo y la comunidad internacional se ha permitido el lujo de ignorarnos.