Camino de la aplicación del artículo 155, el Estado español (dicho en general por la evidente connivencia entre los distintos poderes) vuelve a cometer una injusticia. Eso es lo primero, lo injusto de encarcelar a dos personas que representan un modelo pacífico de canalizar las reivindicaciones ciudadanas. Lo segundo es el enorme error estratégico, la peor decisión en el momento más inoportuno.

Manda huevos, que diría Trillo, que el presidente más inactivo, ese que Peridis dibuja tumbado permanentemente en un triclinio romano, decida precisamente ahora tomar decisiones que pueden volver imposible cualquier solución dialogada. Todos y cada uno de los pasos, escasos, que Rajoy ha ido dando desde que decidió actuar han logrado el efecto contrario al buscado. Las detenciones del 20-S, la intervención de la Hacienda, el descrédito a los Mossos poniéndolos bajo mando de un guardia civil, la represión del 1-O; todas y cada una han contribuido a ir cerrando cualquier salida política razonable, que pasa necesariamente por la negociación, a un problema complejo que requiere también soluciones complejas.

Si escuchan al fiscal Maza, al portavoz del Gobierno Méndez de Vigo (que insistió en el carácter “tumultuario” de las protestas del 20 de septiembre antes de esa palabra fuera de uso común y la viéramos escrita, qué casualidad, en la descripción del delito de “sedición”) y van al auto de la jueza Lamela entenderán la razón por la que me resulta imposible no considerar la decisión de enviar a prisión a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart como un acto más político que judicial.

Es que ni siquiera se han cuidado las formas, porque la propia jueza a lo largo de quince folios para justificar la prisión de los líderes de ANC y Òmnium no es capaz de describir una sola acción violenta de los encarcelados. Ni una. Es más, admite que “aun cuando los llamamientos a las concentraciones generalmente iban acompañados de la solicitud de que la concentración fuese pacífica, no se remitió mensaje alguno ni se comunicó a la masa de ninguna otra forma que no se violentaran vehículos oficiales”. Alucinante. Una jueza culpa a dos particulares de no hacer un llamamiento a la calma al mismo tiempo que reconoce que lanzaban indicaciones para que las protestas fueran pacíficas. Ese es un delito nuevo en esta España neofranquista.

Parecen encantados muchos españoles, que no todos, de esas exhibiciones de fuerza, de este traslado del “a por ellos” callejeros a las instancias judiciales. Pero deberían apuntar que hoy son los responsables de dos organizaciones catalanistas y mañana pueden ser los estudiantes de la Complutense, las enfermeras de Sevilla, los mineros del Bierzo, y cualquiera que ose poner en cuestión la política autoritaria del Gobierno español de turno.