MADRID - El major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, vuelve hoy a la Audiencia Nacional para declarar como imputado de sedición, a la vista de un segundo atestado policial que acusa a la policía catalana de “inacción” en las protestas del 20 de septiembre y durante el 1-O. Lo hará junto con los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y la intendente de los Mossos, Teresa Laplana; todos ellos investigados por sedición, un delito penado de entre 8 a 15 años de cárcel. Si la AN decide tomar medidas cautelares contra los procesados, podrían dormir esta noche en prisión.

Los cuatro imputados ya declararon el pasado día 6 ante la jueza Carmen Lamela, que investiga el supuesto asedio a la Guardia Civil durante los registros policiales del 20 de septiembre y quien les ha vuelto a citar tras recibir un nuevo informe del instituto armado que extiende los hechos al 1-O. Según han informado fuentes de los Mossos, Trapero acudirá a su cita en la Audiencia Nacional, si bien aún no se sabe si lo hará la intendente debido a los motivos de salud que ya le obligaron a declarar el día 6 por videoconferencia. También irán a declarar Sànchez y Cuixart, apuntan fuentes cercanas a las entidades soberanistas.

Tanto la jueza como la Guardia Civil creen que Sànchez y Cuixart “forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar” para conseguir la independencia de Catalunya e, incluso, les sitúan “en una posición decisoria similar” a la que ostenta la cúpula de la Generalitat, mientras que Trapero sería el brazo ejecutor del plan independentista. Lamela ha citado también para mañana, en calidad de testigos, a dos guardias civiles y a la secretaria judicial que ese 20 de septiembre, ante la concentración que mantuvo a varios agentes encerrados en la Consellería de Economía durante casi 24 horas, tuvo que salir del edificio por un teatro anexo.

En el nuevo atestado, la Guardia Civil extiende los hechos hasta el día del referéndum y considera “evidente” que el comportamiento de la Policía catalana durante la preparación y la celebración del 1-O no respondía a la voluntad individual de los agentes. Según el documento, era parte de un “plan premeditado para evitar actuar y que no podía más que proceder de la cúpula policial de los Mossos”, comandada por Trapero “y en conexión directa con miembros del comité estratégico”, entre ellos Puigdemont. Sin embargo, según declaró el mayor de los Mossos el día 6, la actuación del cuerpo durante el asedio a la Guardia Civil fue “correcta y necesaria” pese a que no se les avisó “con suficiente antelación”.

Por su parte, en su primera citación el líder de ANC, Jordi Sànchez únicamente contestó a las preguntas de su abogado y definió la “manifestación” del 20 de septiembre como “pacífica y no violenta” y que no pretendía “alterar el orden”. Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, declinó sin embargo contestar a las partes. Ambos plantearon una declinatoria de competencia a favor de los juzgados de Barcelona, que fue rechazada por Carmen Lamela en un auto en el que reiteraba la competencia de la Audiencia Nacional en la investigación del delito de sedición al tratarse de unos hechos que supusieron “un ataque a la forma de gobierno”. Para Lamela, no se tratan de hechos “aislados” sino que formaron parte de una hoja de ruta para la independencia, donde ANC y Òmnium juegan un papel “esencial”.

Respecto a dicha jornada del 20 de septiembre, el atestado especifica además que la Guardia Civil pidió ayuda hasta en seis ocasiones por escrito a los Mossos d’Esquadra, contestando estos horas más tarde y de forma escueta. Además, los agentes también solicitaron auxilio a la intendente Laplana, si bien hasta las 14.30 horas no se presentó un responsable de la Unidad de Control de Masas de la Policía catalana. - Efe