La Moncloa decide si aplica el artículo 155 por una declaración que no reconoce

Tras escuchar ayer al president, Sáenz de Santamaría compareció ante los medios -Ciudadanos se sorprendió porque el presidente español les había asegurado que respondería él- mientras Rajoy contactaba, según la principal responsable del Ejecutivo español para asuntos catalanes, con “los principales partidos políticos”. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, salió poco antes de las 22.00 horas de Ferraz rumbo a La Moncloa. Hoy a las 9.00 horas se celebrará el Consejo de Ministros que decidirá “los próximos pasos” y, por la tarde, Rajoy comparecerá a petición propia en el Congreso.

La principal medida sobre la que tendrá que decidir el Gobierno español es si activa el artículo 155 de la Constitución para en un plazo de entre tres y cinco días -gracias a la mayoría absoluta que atesora el PP en el Senado- poder intervenir Catalunya. Sáenz de Santamaría, que no admitió preguntas, no explicitó anoche si el Ejecutivo español adoptará este camino, pero la gravedad con la que describió la situación reduce muy mucho el margen a las interpretaciones.

“Después de haber llegado tan lejos y embarcado a Catalunya en el mayor nivel de tensión de su historia, el presidente Puigdemont hoy ha sumido a su comunidad autónoma en el mayor nivel de incertidumbre”, aseguró la principal encargada del Gobierno español para gestionar la crisis catalana. A su entender, la intervención de Puigdemont “es el discurso de una persona que no sabe dónde está, adónde va ni con quién quiere ir”.

Sáenz de Santamaría no valoró la firma de la declaración que, acabado el pleno, acababan de suscribir el Govern, y los parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP. Solo tuvo palabras para rechazar las palabras del president y, de nuevo, el 1-O y la “mayoría del pueblo catalán” que los partidarios de la independencia arguyen.

“El Gobierno no puede aceptar que se dé validez a la ley catalana del referéndum porque está suspendida por el Tribunal Constitucional”, sentó, para añadir que los resultados en los que Puigdemont basó ayer su intervención tampoco valen “porque el 1 de octubre fue un acto ilegal, fraudulento y sin las más mínimas garantías, y no es aceptable, además, que en el Parlament se constate por parte de nadie que la mayoría de los catalanes desean un Estado independiente en forma de república”.

“vuelta a la legalidad” Por esta misma razón, sentenció que “ni el señor Puigdemont ni nadie puede sacar conclusiones ni consecuencias de una ley que no existe, de un referéndum que no se ha producido y de una voluntad del pueblo de Cataluña de la que una vez más quieren apropiarse”.

Para cuando la vicepresidenta española compareció ante la prensa, el president catalán ya había abandonado el Palau del Parlament tras firmar la declaración por la independencia y, antes, intervenir en un pleno en el que renunció al derecho de réplica. Había dejado su mensaje: asumió los resultados del 1-O pero suspendió su principal efecto, el de declarar la independencia catalana. Abría la puerta al diálogo y ponía así la pelota sobre el tejado de una Moncloa que, en su primera intervención pública, tiró de manual.

“Ni el señor Puigdemont ni nadie puede pretender tampoco, sin volver a la legalidad y a la democracia, imponer una mediación”, rechazó Saénz de Santamaría, que a diferencia del rey español, recuperó la palabra diálogo en el mismo sentido que le dio Rajoy la noche del 1-O: “El diálogo entre demócratas se hace dentro de la ley, respetando las reglas del juego y no inventándolas a su voluntad”.

Sin mayor concreción por parte de la segundo de abordo de la Moncloa, todo queda a expensas del Consejo de Ministros que se celebra esta víspera agitada del 12 de octubre en la Moncloa y al que el presidente acude con el apoyo de Ciudadanos -Albert Rivera exigió aplicar el artículo 155 “sin excusas”- y espera contar con la colaboración del PSOE.