Gasteiz - El Gobierno Vasco aprobó ayer la versión definitiva de su Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-20, tras cinco meses de estudio de las aportaciones externas, entre las que destacan las de las asociaciones de víctimas AVT y Covite o las fundaciones Fernando Buesa y Egiari Zor. En ese sentido, el Ejecutivo ha atendido la demanda de la AVT, que planteaba una introducción y distintas aportaciones puntuales, petición que de forma indirecta también pusieron sobre la mesa el resto de asociaciones de víctimas y que tiene que ver con la agenda del final de la violencia.

El Gobierno atendió a estas peticiones dando una respuesta global a todas ellas mediante la inclusión de un nuevo apartado IV en la introducción del Plan. En dicho apartado se clarifican los compromisos que asume el Gobierno Vasco en el tratamiento de las políticas de víctimas de signo diferente. Se trata de un compromiso con “el principio de igualdad y no discriminación entre víctimas de vulneraciones de derechos humanos”; y del rechazo a “cualquier forma de justificación legitimadora del terrorismo”, o “equiparación legitimadora sobre las causas de victimación entre unas y otras víctimas”.

Estas aportaciones son parte de las 26 propuestas tomadas en consideración y que se han traducido en 63 modificaciones del plan original, presentado por la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación el 4 de abril. Además de las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, también han planteado modificaciones entidades como la Diputación Foral de Álava, grupos parlamentarios, el Foro de Asociaciones o la Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco.

El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, también destacó ayer en la presentación del plan otra modificación significativa, y que tiene que ver con la “agenda de los retos emergentes de la convivencia”, ámbito al que se han dirigido buena parte de las aportaciones externas al documento. En concreto, ha sido recurrente la petición de recoger de forma expresa el compromiso con el nuevo marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

Respecto al anterior, este plan pasa de denominarse Plan de Paz y Convivencia, a Plan de Convivencia y Derechos Humanos, una reformulación que persigue “una mejor adaptación a los desafíos emergentes en un mundo cambiante y rodeado de incertidumbres”.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional mantendrá la suspensión de los artículos de la Ley de abusos policiales recurrida por el Gobierno español, según avanzó ayer Radio Euskadi. Josu Erkoreka, a la espera de recibir el auto que explicite las razones de mantener dicha suspensión, calificó ayer la noticia de “pésima” por cuanto “dificultaría extender el reconocimiento al conjunto de las víctimas”. Para EH Bildu, la resolución del tribunal de garantías “es grave y al mismo tiempo clarificadora”, ya que “vuelve a demostrar que la supuesta bilateralidad con Madrid es absolutamente irreal y que las decisiones legítimas del Parlamento de Gasteiz no valen nada cuando desagradan al Gobierno español”, según afirmó la parlamentaria Jone Goirizelaia.