Barcelona - Catalunya llega hoy a uno de esos días que quedarán marcados en el calendario de su historia. Se celebre o no el referéndum independentista, la jornada establecerá un antes y un después en el devenir político del país y también en su relación con el Estado español. Barcelona y las principales ciudades y comarcas catalanas eran durante la jornada de ayer un hervidero de inquietud y de tensión ante una jornada de tintes imprevisibles. Al cierre de esta edición, bien entrada la noche, se mantenía la incógnita sobre el paradero de las urnas y las papeletas que, en todo caso, no se encontraban aún en los colegios electorales previstos por la Generalitat. Miles de voluntarios hacen guardia desde el viernes por la tarde en los centros escolares donde se colocarán las urnas y serán los escudos humanos con los que los soberanistas pretenden proteger la llegada de las urnas frente a una más que posible intervención policial.

Las incógnitas sobre el referéndum suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional seguían ayer por la tarde-noche acechando a muchos catalanes en sus conversaciones por las calles en Barcelona, mientras una parte de la población y la gran cantidad de turistas que acoge la ciudad condal parecía vivir al margen del pulso político más grande entre el Estado español y la Generalitat desde que en 1934 el president Lluìs Companys proclamó el Estado catalán, aunque solo duró diez horas. Solo los líderes de la Generalitat de Catalunya y sus asesores más directos conocían los entresijos de la operación clandestina. El resto de la población desconocía no ya cómo, cuándo y quién llevaría las urnas a los centros electorales, sino tampoco quiénes formarán las mesas electorales, quién certificará la legalidad del recuento de los votos emitidos -la Sindicatura Electoral fue derogada para que no tuvieran que pagar las elevadas multas impuestas por la justicia-, cómo se ha realizado el censo, cómo se votará allí donde la policía lo impida o el porcentaje de votos necesaria para legitimar y validar el referéndum.

Los soberanistas fían el éxito de la jornada a la movilización popular y la resistencia pacífica, con independencia de que finalmente pueda llevarse a cabo la votación. En cualquier caso, su determinación era ayer total para sacar adelante el referéndum pese a los obstáculos administrativos, judiciales y policiales que hasta el último minuto se están encontrando por parte del Gobierno español presidido por Mariano Rajoy, que aborda el conflicto catalán como la mayor amenaza constitucional tras el intento de golpe de Estado del 23-F.

La penúltima zancadilla a las intenciones del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, llegó ayer mismo por la mañana cuando, cumpliendo el requerimiento emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ocho agentes de la Guardia Civil se personaron en el Centro de Telecomunicación y Tecnología de la Información para hacerse con su control y de este modo impedir el voto informático y el recuento telemático de la consulta. Los guardias civiles permanecerán ocupando las dependencias del centro hasta el lunes.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy insiste en abordar la cuestión como un problema de legalidad y de orden público, negando en todo momento que se trate de un problema de naturaleza política. Para los soberanistas la cosa ya no va de independencia sí o no. Tras las últimas actuaciones del Gobierno español en Catalunya con medidas judiciales y detenciones a los organizadores de la operativa y logística del 1-O, las actuaciones contra las imprentas, medios de comunicación? la cuestión trasciende lo identitario o lo nacional y se coloca en el ámbito de la defensa de los derechos fundamentales que, entienden, están amenazados por el Gobierno español. Así pues, la diatriba se puede resumir en legalidad versus legitimidad de los votos. Pero está por ver si habrá votos. Las urnas -6.249 contenedores de plástico con tapa negra adquiridos en China- han de llegar a los colegios electorales de toda Catalunya esta misma madrugada, como suele ocurrir normalmente en todos los procesos electorales al uso.

momento decisivo Sin embargo, en esta ocasión la policía tratará de impedir que entren en los colegios electorales. La mayoría son centros escolares, aunque también hay habilitados para tal fin algunos ambulatorios y dependencias de la consejería de Salud, así como algunos centros cívicos. Las comitivas encargadas del traslado de las urnas, papeletas y el material necesario para ejercer el derecho a voto tienen previsto llegar protegidas y blindadas por voluntarios, lo que dificultará la intervención policial.

Además, en los colegios serán recibidos por importantes contingentes de padres y madres, profesores y vecinos del barrio que se sumarán al blindaje del traslado de las urnas. Será antes de las seis de la madrugada, hora en la que los Mossos dEsquadra deben de tener precintados los colegios electorales para que en su interior no haya nadie ni nada relacionado con el referéndum. Será el momento decisivo en el que se aclarará si habrá consulta o no, o al menos en cuantos colegios se podrá votar y en qué condiciones.

El major de los Mossos, Josep Lluìs Trapero, y el conseller de Interior de la Generalitat, Joaquím Forn, ya han dejado claro que antepondrán la “convivencia y la seguridad” a la legalidad, lo que, traducido, significa que actuarán con proporcionalidad para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad y que, en aras de hacer cumplir la ley, se produzcan efectos no deseados. Una papeleta muy difícil y un equilibrio muy complicado ya que la chispa de la violencia es difícil de que no se encienda cuando se unen la tensión y la masa.

Y la otra gran incógnita es el papel que jugarán la Guardia Civil y la Policía española apostados en los cruceros amarrados en el puerto de Barcelona, bajo la atenta mirada de los míticos Piolín y Silvestre, los personajes de dibujos animados de la Wagner que adornan ingenuamente uno de los ferris que albergan al contingente de refuerzo de la Benemérita y la Policía desplazado a Catalunya desde diferentes puntos del Estado español. En el puerto el trajín de policías y el ir y venir de furgonetas y patrullas fue muy intenso durante toda la jornada de ayer. La medida de su proporcionalidad y la capacidad de no caer en la tentación de quienes en su partida a tierras catalanas les jalearon con el “a por ellos, oe, oe” determinarán si la sangre llega al río el 1-O.

“proporcionalidad” La actuación de los Mossos d’Esquadra está siendo vigilada con lupa durante las últimas semanas y ayer no fue una excepción. Como policía judicial que también lo es, será la primera línea policial encargada del orden público y de los perímetros policiales durante las votaciones, aunque con las líneas rojas de la “convivencia y la proporcionalidad”. Desde el viernes por la tarde y durante toda la jornada de ayer visitaron más de 1.300 de los 2.315 centros de votación distribuidos a lo largo de toda la geografía catalana para recordar a las personas que ayer abrieron las puertas de los centros educativos que a partir de las seis de esta madrugada tiene que desalojar esos locales.

Los efectivos de los Mossos visitaron cada centro en varias ocasiones y pudieron comprobar que en muchos de ellos se estaban desarrollando numerosas actividades extraescolares con la participación de padres y madres, alumnos, profesores y trabajadores de las escuelas, así como vecinos del barrio que integran los denominados comités de defensa del referéndum. Al igual que el sábado, muchos de ellos hacen vigilia durante la noche en estos colegios a la espera del momento decisivo en el que serán conminados a abandonar las dependencias escolares por parte de la policía catalana. De que lo hagan o no, dependerá en parte el éxito de la convocatoria electoral, aunque si no hay votación el recuento que se activará será el de la movilización popular. Luego vendrá el 2-O y las lecturas de lo acontecido. Será la hora de la política.

Votaciones. La Generalitat ha dispuesto 2.315 puntos de votaciones en el territorio catalán, con un total 6.249 mesas. La ANC ha llamado a ocupar los colegios a las 05.00 horas.

El Gobierno español ha tratado de impedir por todas las vías posibles que los catalanes acudieran a las urnas, ya fuera mediante la instancias judiciales como por las policiales.

Formaciones y colectivos soberanistas han realizado una campaña de tres semanas con más de un millar de actos para animar a la participación. Confían en llegar al millón de votantes.

Mientras que miles de personas tratan de mantener abiertos los colegios electorales para que se celebra el referéndum, 10.000 personas se manifestaron ayer en Barcelona contra la consulta.