Barcelona - Los detenidos en la macrooperación de la Guardia Civil del pasado miércoles en Catalunya contra la estructura organizativa del referéndum del 1-O se enfrentan a los presuntos delitos de malversación, prevaricación, desobediencia e incluso de sedición, en este último caso con una pena de hasta 15 años de prisión. La sedición aparecía en las órdenes por las que los agentes detuvieron a los responsables de los preparativos de la consulta, lo que se suma a los otros tres delitos que les imputa el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona -la malversación implica hasta ocho años de cárcel-. Ahora deberá ser el propio juez de instrucción el que concrete los delitos que imputa a los investigados en futuros trámites del proceso judicial, que sigue bajo secreto de sumario.

El Código Penal incluye la sedición entre los delitos contra el orden público. La misma castiga a las personas que “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. Este delito figuraba en la querella de dos abogados a partir de la cual el juez inició la investigación, así como en la presentada posteriormente por el partido Vox. El germen de las mismas fueron las revelaciones del exsenador de ERC Santi Vidal de que el Govern tenía una partida “camuflada” de 400 millones de euros para organizar el 1-O, lo que ha desembocado en una veintena de personas investigadas.

El juez que ordenó ayer la operación de hace dos días investiga si el Govern ha destinado a la organización del 1-O las partidas presupuestarias de 6,2 millones de euros que el Parlament aprobó para la consulta y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional. En un auto, el magistrado encarga a los guardias civiles que intervengan cualquier indicio sobre “actuaciones encaminadas al desarrollo de las Estructuras de Estado e independencia de Cataluña”, en concreto cualquier documentación relacionada con las dos partidas presupuestarias aprobadas con este fin.

Si en la misma noche del miércoles fueron puestos en libertad tres de los 14 detenidos -David Franco, Joan Ignasi Sànchez y David Palanques- tras negarse a declarar ante la Guardia Civil, ayer salieron a la calle otros cinco. Se trata de Xavier Puig Farré, responsable del Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; el empresario Pau Furriol, propietario de la nave de Bigues i Riells (Barcelona) donde los agentes incautaron casi diez millones de papeletas; Natalia Garriga, directora de los servicios del Departament de Vicepresidència y de Economia i Hisenda; Mercedes Martínez, trabajadora del Departament de Vicepresidència; y el director general de Patrimonio de la Generalitat, Francesc Sutrias.

12.000 euros diarios Entre los cargos que permanecen bajo custodia está el número dos de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, a quien el Tribunal Constitucional impuso ayer una multa de 12.000 euros diarios mientras insista en su desobediencia a este órgano, la misma que ha impuesto a cada uno de los cinco miembros de la sindicatura que ejerce a modo de Junta Electoral Central de cara al 1-O.

También se ha castigado con 6.000 euros diarios a los quince síndicos territoriales y a Montserrat Vidal i Roca, Jefa de Área de Procesos Electorales de la Generalitat. De este modo, el tribunal de garantías ha aplicado por primera vez la reforma legislativa que le permite imponer sanciones a altos cargos independentistas. Los jueces han rechazado, asimismo, todas las peticiones de habeas corpus que habían solicitado diez de los 14 detenidos.