bARCELONA - A once días del referéndum del 1 de octubre, Catalunya vivió ayer una jornada de mucha tensión y alto voltaje en la calle y en los despachos oficiales de la Generalitat, protagonizado por una oleada de gente que salió de sus casas y centros de trabajo para protestar con la macrooperación de la Guardia Civil contra el núcleo duro del Govern que ha estado dirigiendo y organizando la operativa de la consulta.

En total se practicaron al menos 14 detenciones, una decena de ellos altos cargos de la Generalitat y los agentes efectuaron hasta 41 registros, entre consejerías, instituciones y naves, para recabar indicios relacionados con el referéndum. Al menos tres de les consejeríass en las que se producen registros son de ERC, pero la Guardia Civil también entró en la Consejería de Gobernación, dirigido por Meritxell Borràs,y en el Departamento de Presidencia de Jordi Turull.

Los registros más minuciosos los realizó en la sede de la Consejería de Economia de la Generalitat que dirige el vicepresidente del Ejecutivo catalán, Oriol Junqueras; en la Consejería de Exteriores que dirige Raül Romeva y en el Departamento de Asuntos Sociales.

Los detenidos son el secretario general de la Vicepresidencia y de Economia y Hacienda, Josep Maria Jové, hombre de confianza de Junqueras, y sus compañeros de departamento Lluís Salvador i Tenesa y Juan Manuel Gómez; a David Palanca, de la Oficina de Asuntos Exteriores; el director general de Patrimoni, Francesc Sutrias; Josué Sallent, responsable del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CCTI) y su compañero de sección David Franco; Xavier Puig, responsable del área de Tecnologia y Comunicaciones que depende de Exteriores; Pau Furriol Fornells, aparentemente vinculado a una nave que presuntamente contiene material electoral; y Mercedes Martínez por el mismo motivo. También fue detenida en Madrid Rosa María Rodríguez Curto, responsable de desarrollos informáticos de la Generalitat, que quedó arrestada en los calabozos de la comandancia de Madrid hasta que el juez de guardia autorizase su traslado a Barcelona para ponerla a disposición del juez.

Los guardias civiles también accedieron a las oficinas de varios organismos dependientes de la Generalitat que gestionan tributos, finanzas y telecomunicaciones, así como algunas empresas contratadas por el Govern como T-Systems, que proporcionó apoyo logístico para la consulta del 9-N y que tiene entre sus clientes a la Generalitat, así como en la fundación privada PuntCAT, dedicada a la gestión de dominios “.cat”.

Se trata de una operación policial milimétricamente calculada para golpear la logística y operativa del referéndum y tratar así de cortocircuitar la organización de la convocatoria electoral neutralizando a sus organizadores y máximo ejecutores. La estrategia del Gobierno español pasa por desbaratar la consulta por todos los medios, impedir su celebración, pero, de momento, sin tocar a los máximos dirigentes del Govern, con su president Carles Puigdemont a la cabeza, para no ofrecer así al mundo la fotografía de un presidente esposado entrando al furgón policial.

La macrooperación policial provocó un enorme rechazo popular. Primero en Barcelona y Catalunya, donde de manera espontánea se movilizaron miles de personas durante toda la jornada pese a tratarse de una día laborable; y conforme avanzaba el día también en el resto del Estado, incluida Madrid. La onda de las movilizaciones en protesta por las detenciones llegó hasta Euskadi, en cuyas capitales se celebraron concentraciones.

En Catalunya miles de personas se concentraron ante la sede de la Consejería de Economía para expresar su rechazo a la actuación de la Guardia Civil. Los asistentes a las concentraciones presentaban perfiles de todo tipo, por edad o estatus social y cultural, y no estaban monopolizados por supuestos radicales. También miles de personas se reunieron en la plaza de Sant Jaume. Hasta 40.000 personas llegaron a juntarse en el centro de Barcelona en protesta por las detenciones al filo de las nueve de la noche.

Las detenciones y los registros se enmarcan en la causa que investiga desde febrero el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Los arrestados e investigados podrían enfrentarse a penas incluso penales por desobediencia, prevaricación y malversación. En el auto, el juez justifica las detenciones por el “incumplimiento de la suspensiósn acordada por el Tribunal Constitucional en la preparación del 1-O. La investigación arrancó por dos denuncias, una de ellas del Vox, contra el exsenador de ERC Santi Vidal por sus polémicas declaraciones sobre que el Govern poseía de forma ilegal datos fiscales de los catalanes y una partida secreta para crear estructuras de Estado.

10 millones de papeletas El dispositivo policial no se limitó al arresto de los organizadores de la logística del 1-O. También incluyódo un registro en una nave localizada en el polígono industrial Can Barris de la localidad de Bigues i Riells (Barcelona), donde se procedió a la intervención de 9.894.350 papeletas de votación, según informó el Ministerio del Interior. Fuentes cercanas al dispositivo policial destacaron la importancia de la incautación de este material, ya que es la práctica totalidad de las papeletas con las que la Generalitat había previsto celebrar el referéndum.