Madrid - El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, no descarta una posible detención del president Carles Puigdemont o de cargos del Govern. Según expresó, “se podrían considerar” los arrestos e incluso las condenas de cárcel. “El tema de pedir prisiones yo no lo excluyo en absoluto”, aseguró Maza. De cualquier manera, el fiscal opta por ser prudentes ante el 1-O y por no proceder con desproporción: “En estos momentos es importante ser proporcional y no llevar a cabo actuaciones en las que sea peor el remedio que la enfermedad”.

En una entrevista concedida al diario El Mundo, Maza afirma que “los fiscales lo que hacemos es, una vez que se produce el hecho delictivo, aplicar la ley y buscar responsables. La Fiscalía tiene que dar la voz de alerta”. En su opinión, los promotores del referéndum del 1-O “buscan una reacción del Estado desproporcionada” para amplificar su causa. “Son conscientes de que esta situación que están provocando, al final de los finales, antes y después del 1 de octubre, no tiene salida, y a ellos les gustaría que el Estado tomase una reacción desproporcionada, y hay que actuar con prudencia”, añade.

Ante la cuestión de si es posible suspender al Govern dentro de la vía penal, el fiscal general afirma que “no podemos”, aunque esa posibilidad dice que ha sido estudiada y ha sido concretada según el criterio de la secretaría en el sentido de que “no cabe en nuestro ordenamiento pedir la suspensión de un cargo público”. Sobre los alcaldes que vayan a ser citados por la Fiscalía, Maza opina que al haber “realizado un acto que es ilegal ya, al haber firmado un decreto poniendo a disposición locales para el referéndum, los llamamos rápidamente a declarar también para impedir que consumen ese propósito”.

Maza se dirige asimismo a los ciudadanos en general “a los que transmitiría que estén tranquilos, que esperen y que se va a impedir el referéndum. Y todos los actos de preparativos recibirán su respuesta en los tribunales”. Finalmente, sobre la imputación a ciudadanos por participar en las mesas electorales, el fiscal general opina que “es un problema jurídico importante, porque la ley es la ley y hay que cumplirla”. - DNA