madrid - Tras comparecer el pasado 30 de agosto por el caso Gürtel, Mariano Rajoy volverá al Congreso de los Diputados este miércoles para enfrentarse a un pleno de control al gobierno en el que el procés catalán acaparará buena parte del interés informativo. La primera sesión del nuevo curso parlamentario permitirá que Rajoy exponga nuevamente la receta ideada por su Ejecutivo para bloquear el referéndum soberanista, aunque también podría ofrecer algunas pinceladas sobre una posible reforma constitucional.

“¿Considera el Gobierno que es preciso un debate sereno y riguroso para actualizar y reforzar la Constitución?”. Esa será la pregunta que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, lanzará a Rajoy. Minutos antes, no obstante, se podrán conocer las impresiones de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que deberá de contestar al diputado de ERC Gabriel Rufián sobre sus declaraciones referentes a que la votación de la Ley del Referéndum en el Parlament “supone la muerte de la democracia”. Xavier Domènech, de En Comú Podem, también cuestionará al Ejecutivo del PP -a Sáez de Santamaría, más concretamente- sobre “la crisis de relaciones con Catalunya más importante desde 1978” en el transcurso de la sesión parlamentaria y si “considera el Gobierno que la solución son los jueces”.

Reacios a abrir el melón de la actualización de la Carta Magna en lo referente a la territorialidad, el PP ha visto como el PSOE ha propuesto montar una comisión territorial en el Congreso en la que se hable, entre otras cuestiones de vital importancia como adaptar el andamiaje institucional del Estado y, más específicamente, sobre el asunto catalán. Los populares no son reacios, de inicio, al debate parlamentario sobre este asunto, si bien los socialistas -que pese a aludir a la necesidad de reconocer “la diversidad de todos los pueblos de España” no han recogido el término plurinacionalidad en el registro de su propuesta- podrían unir fuerzas con Unidos Podemos y Ciudadanos, además de algunos partidos nacionalistas como PDeCAT y PNV, que a priori ven con buenos ojos la oferta lanzada por Ferraz, aunque esperarán a conocer en qué consiste para posicionarse con mayor claridad.

El consenso que podría disponer la solicitud de la formación de Sánchez empujaría a Rajoy y los suyos a abordarlo, a pesar de que la formación de Rivera son más partidarios de poner en marcha una mesa de partidos para explorar qué posibilidades hay para reformar la Carta Magna en esta legislatura. A lo que de ningún modo se unirán es a una comisión que explore salidas para Catalunya. Llamamientos como los del portavoz de Ciutadans en el Parlament, apuntan en esa dirección. Carlos Carrizosa que la ley de referéndum “nació muerta” y pronosticó que no será aplicada, sobre todo cuando “el conseller portavoz invita a los ciudadanos a imprimirse las papeletas en casa”.

Pocas horas después de que la ciudadanía catalana exhiba su fortaleza en apoyo al referéndum en la Diada, Sánchez profundizará en su mensaje conciliador desde la propia Catalunya. El secretario general del PSOE acudirá a Barcelona mañana para protagonizar un encuentro informativo y asistir a un acto organizado por el PSC dirigido a sus alcaldes y portavoces municipales para darles instrucciones sobre la campaña puesta en marcha por la formación para pedir a la ciudadanía que no participe en una consulta que se celebra sin las mínimas garantías necesarias. El máximo mandatario de Ferraz, asimismo, podrá transmitir su apoyo a los alcaldes de su partido -de ciudades como Lleida, Tarragona o L’Hospitalet- que ha rehusado ceder espacios públicos al Govern para el 1-O.

batería de preguntas Además de acudir al Congreso, Rajoy también deberá de emplearse a fondo mañana en el Senado. Lo hará con una batería de preguntas sobre la actuación del Gobierno español en el procés. PSOE, PDeCAT y Unidos Podemos interpelarán directamente a Rajoy. La formación catalana, por boca del senador Josep Lluís Cleries, le instará a aclarar si “es consciente de que su actitud, radicalmente contraria a dialogar y a admitir las razones que han llevado a un 80% de los catalanes a querer votar y decidir sobre su futuro político, ha provocado la mayor crisis institucional en España”.