madrid - El Pleno del Tribunal Constitucional -reunido con carácter de urgencia en la tarde de ayer- decidió por unanimidad admitir a trámite los cuatro recursos presentados por el Gobierno español contra la Ley de referéndum y la convocatoria de la consulta prevista para el próximo 1 de octubre, lo que se traduce en la suspensión cautelar de la vigencia de dichos acuerdos. De entrada, queda en suspenso por un periodo de cinco meses, que puede ser ampliado posteriormente. En la resolución adoptada por el alto tribunal de garantías se apercibe a más de un millar de cargos políticos -unos sesenta altos mandatarios de la Generalitat y los 947 alcaldes de Catalunya- de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum.
El Gobierno español había presentó cuatro recursos ante el alto tribunal de garantías pidiendo la suspensión de otras tantas decisiones del Govern y del Parlament para celebrar el referéndum del 1 de octubre. Rajoy presidió una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la que se acordó pedir al Constitucional la suspensión de la ley del referéndum, del decreto de su convocatoria, de las normas complementarias que lo acompañan y de la resolución de la Cámara catalana que ha designado a cinco miembros de la Sindicatura Electoral, lo que vendría a ser la Junta Electoral. A todo ello se suma el incidente de ejecución de sentencia que promovió ayer también el jefe del Gobierno español ante el Constitucional contra la admisión a trámite por la Mesa del Parlament de la ley de transitoriedad. En concreto, a juicio del Ejecutivo español, la Ley del referéndum vulnera el artículo 1 de la Constitución, en concreto los apartados 1.1 y 1.3 (soberanía del pueblo español y monarquía parlamentaria como forma de Estado), y el artículo 2, que consagra la unidad de la nación española. También considera vulnerado el artículo 9.1, sobre la primacía de la Constitución, y el 168, sobre el procedimiento de reforma constitucional, todo ello desde el punto de vista sustantivo.
El Gobierno pidió también al Tribunal Constitucional que envíe notificaciones a los medios de comunicación públicos catalanes si fuera admita a trámite la impugnación. Además, reclamó que se notifique personalmente la suspensión a los miembros del Govern, a los altos cargos relacionados con la organización del referéndum” y también a los 947 alcaldes de la comunidad autónoma. En concreto, pidió expresamente que se notifique a Josep Lluís Trapero, Mayor de los Mossos d’Esquadra, su deber de impedir la celebración del referéndum. El responsable de los Mossos es uno de los más de 50 cargos de relevancia a los que la Abogacía del Estado pide que el Constitucional informe de la suspensión del decreto. Otro de ellos es el director general de los Mossos, Pere Soler i Campins. Lo que pretende el Ejecutivo español es que “se advierta a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum”. El Constitucional admitió todas estas peticiones, y por ello apercibirá a los altos cargos de la Generalitat de que no se puede celebrar el referéndum.
El Gobierno español considera que, una vez decretada la suspensión de las normas, todos los particulares deben sentirse concernidos y actuar en consecuencia.
Dos querellas Antes de que el Constitucional dejara en suspenso la Ley de referéndum aprobada el pasado miércoles por el Parlament, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció la interposición de dos querellas criminales contra todos los miembros del Govern, así como contra aquellos miembros de la Mesa del Parlamento catalán que facilitaron la tramitación de la ley del referéndum. Las querellas serán presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), según confirmó Maza en una breve comparecencia en la sede de la Fiscalía General del Estado.
Según Maza, estas acciones se hacen “en defensa de la legalidad y del derecho, ante la gravedad de la situación generada en la Comunidad de Catalunya, provocada por los responsables de la Generalitat que actuando en violación de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía y desobedeciendo frontalmente los reiterados pronunciamientos del Constitucional”.
El fiscal general del Estado recalcó que tanto las fiscalías de la Audiencia Nacional y las catalanas seguirán actuando “con firmeza, propocionalidad, celeridad” ante el Tribunal Constitucional y Tribunal de Cuentas para garantizar el “marco de convivencia constitucional”. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado, en conformidad con el fiscal Superior de Catalunya y de los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, ha dado instrucciones a la Policía, Guardia Civil y Mossos para que, en calidad de policía judicial, investiguen todas las actuaciones dirigidas a la organización del referéndum, al ser indiciariamente constitutivas, al menos, de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Así, se cursarán órdenes para que intervengan los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal.
La respuesta a Maza llegó por parte del conseller de Presidencia, Jordi Turull, quien aseguró que las querellas “no alteran para nada” los planes del Govern. “A partir de ahora nos sentimos convocados ante este estado de sitio encubierto a defender los derechos más fundamentales, derechos humanos, el derecho a la libertad ideológica, a la libertad de expresión, a la libertad de iniciativa política... Recordemos que convocar un referéndum no es un delito”, señaló. - DNA
