“Nosotros no planteamos que la Justicia sea amnésica, planteamos que no sea vengativa”

-Las posiciones que mantienen algunas formaciones como Podemos no son las que se mantenían hace un año, por lo tanto yo sigo siendo optimista, las cosas van caminando y creo que nos acercamos a una solución definitiva de todo el problema que subyace tras décadas de violencia.

¿Comparten esa sensación los familiares de presos con los que ustedes trabajan?

-En el caso de los familiares de los presos, que llevan muchísimos años sufriendo la política vengativa de alejamiento, cada día les pesa más, pero es gente que se mantiene muy firme. Veintinueve años de una política penitenciaria basada en la venganza desgasta mucho, pero también creo que estamos en un proceso en el que tenemos que pasar de la reivindicación en el ámbito exclusivo de la política de alejamiento, de la liberación de los presos enfermos, o del fin de la legislación excepcional, a otro ámbito de búsqueda de una justicia de carácter restaurativo, transicional, que permita poner las bases para cerrar una etapa tan dramática como la que hemos vivido.

En ese sentido, van a presentar ustedes su propuesta para crear un Comisión de la Verdad. ¿Ve posible alcanzar un consenso político que permita fijar dicha verdad?

-Lo que avanzábamos hace unos días sobre el documento que vamos a presentar es un llamamiento a continuar con lo que ya el Foro Social planteaba en torno a la constitución de una Comisión de la Verdad, fundamentalmente porque es un paso que habrá que dar. Hay que ver cómo se constituye, quién la constituye, cómo y cuándo, pero todavía no es el momento, quedan muchos pasos previos que dar, entre ellos terminar con la vulneración de derechos a 350 presos y presas. El otro día leía unas declaraciones de un dirigente del PP que decía que cuando ETA se disuelva los presos tendrán que cumplir la ley. No, tendrán que cumplir la ley ustedes, al margen de lo que ETA pueda hacer, porque no cumplen su propia legislación interna ni la europea.

Hay por tanto un consenso político y ciudadano prácticamente unánime en Euskadi con respecto al alejamiento de los presos, pero a fin de cuentas en La Moncloa gobierna el PP, que no es partidario de modificar la política penitenciaria.

-No, no nos engañemos, eso podía ser así antes de las últimas elecciones generales. En Sare hemos mantenido conversaciones en Madrid con los grupos parlamentarios, a excepción del PP y Ciudadanos, y nos encontramos con algo muy concreto. Nosotros les trasladamos que las mayorías parlamentarias deben servir también para acabar con las injusticias. Por tanto, posiciones políticas como las que están adoptando en Euskal Herria partidos como PSOE, Podemos y los de ámbito vasco deben ser trasladadas al ámbito donde se pueden cambiar las cosas, y ese es el Congreso de los Diputados. Ahí hay unas mayorías que deben ponerse en práctica, lo que no sirve es que hablemos de nuevas mayorías, de que ya el PP no tiene mayoría absoluta y permitamos que todo siga igual que en los últimos años. Por tanto, hay que trasladar las posiciones que se han manifestado en el Parlamento Vasco al Congreso, donde se pueden cambiar esas actitudes, y hay que hacerlo con agilidad porque hablamos de limitación de derechos. Si esto está cambiando en el Parlamento Vasco, ¿por qué no va a cambiar en el español? Yo entiendo que la esperanza cueste más mantenerla en el colectivo de familiares de presos y presas, pero hay que seguir trabajando, hay que intentar cambiar las cosas.

¿Han visto en sus contactos con los partidos en Madrid una predisposición real a hacer valer esas mayorías?

-En esas conversaciones que mantuvimos a últimos de mayo veíamos una posición abierta a estudiar propuestas que traslade el propio Parlamento Vasco o los partidos. Hay una predisposición, aunque posiblemente en Madrid esto ya no está en la agenda prioritaria, fundamentalmente porque ETA ya no existe. Hay que seguir insistiendo; nosotros no estamos planteando que la Justicia sea amnésica, planteamos que no sea vengativa, que no esté basada en el odio. No se puede aplicar la Justicia en función de quién sea la víctima y el victimario, y eso es lo que pasa en el ámbito de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

¿Cómo valora el relevo de Carlos Urquijo al frente de la Delegación del Gobierno y la actuación de Javier de Andrés?

-Parece ser que hay un interés, y así lo han manifestado, de volver a exigir a las autoridades judiciales que impidan la subvención del Ayuntamiento de Vitoria a Sare para realizar unas jornadas en el área de los derechos humanos y de la paz, con lo cual da la impresión de que, con otras formas, se mantiene la misma actitud. Están fuera de onda, se les ha parado el reloj, porque cuando se organizan unas jornadas con víctimas de ETA y del GAL que discuten y debaten sobre cómo afrontar el futuro no se puede decir que eso va contra la dignidad de las víctimas. Tienen que cambiar su actitud ellos y también las propias asociaciones de víctimas. En estos momentos yo diría que ninguna víctima de manera individual está exigiendo venganza, que se aplique la Ley del Talión a toda esta gente, lo que quieren es reparación y reconocimiento del daño causado. El problema son las asociaciones de víctimas que intentan condicionar la política de los gobiernos, y fundamentalmente la política penitenciaria. También se les ha parado el reloj. Hay que exigir a los gobiernos que actúen mirando al futuro, hay que cerrar esta página y hay que cerrarla reinterpretando lo que ha ocurrido, pero sobre todo buscando un nexo común que nos permita tener un relato de la memoria compartido por todos, y eso no puede ser un solo relato, tiene que ser la suma de muchos relatos que nos permita sentirnos cómodos, porque aquí hay muchas violencias. Sin duda la violencia de ETA ha generado centenares de muertos y sufrimiento, pero también hay víctimas de otras violencias que se tienen que tener en cuenta. Sin falsas equidistancias, pero ninguna puede estar al margen del reconocimiento del daño causado.

La sociedad vasca parece convivir con normalidad. ¿Se pueden quedar atrás las víctimas que por una razón u otra no han pasado página?

-Yo nunca confrontaré ni discutiré con ninguna víctima de ningún tipo de violencia porque tengo un gran respeto al dolor que se ha podido causar, por lo tanto quiero hacer una distinción clara entre las víctimas y la actitud de los gobiernos y de algunas asociaciones o partidos políticos que se niegan a pasar página. Sí creo que la sociedad en general y la vasca en particular quiere pasar página, reinterpretando lo ocurrido y mediante una justicia restaurativa que permita avanzar sin odio ni revanchas, sin plantear ese escenario de vencedores y vencidos que no ayuda a cerrar heridas, sino a mantener la confrontación constante. En todo eso queremos trabajar desde Sare a través de ese documento que presentaremos en breve, con una hoja de ruta que habla de derechos humanos, paz y, si no reconciliación, cuando menos sí convivencia.

Por otro lado, en marzo el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo inadmitió en marzo la demanda de tres presos contra la dispersión. ¿En qué medida esta decisión inhabilita la vía judicial?

-Cada uno ha explicado esa noticia como mejor le ha interesado. Estos presos planteaban en su recurso que en Lyon estaban más cerca de su domicilio que después, cuando fueron juzgados en París. No planteaban un tema en relación a la política de alejamiento en general, si no a un tema muy puntual, y el tribunal dijo que la distancia era más o menos la misma. Dijo también que se seguía manifestando en contra de la política de alejamiento y esgrimía las sentencias que el propio tribunal había dictado contra Rusia o Ucrania, de aplicación también a la política de alejamiento que practica el Gobierno español.

¿Qué lectura hace del reciente acercamiento del preso Zuhaitz Errasti desde la Costa Azul a Mont de Marsan? ¿Significa algo, tiene relevancia política?

-Yo sí creo que hay una actitud del Gobierno francés que difiere mucho de la del español. No sólo por los movimientos de algunos presos, sino también con lo ocurrido antes al 8 de abril, con el desarme. El Gobierno francés colaboró para abordar un desarme lógico, como el que se ha producido en otros países donde ha habido violencia de base política. Más le valdría al Gobierno español aprender de los movimientos de países tan cercanos y actuar en consecuencia. Aquí no pedimos ningún trato de favor, sino que apliquen su propia ley y la legislación europea, como en el tema del alejamiento, de los presos enfermos, del cómputo de penas... Solo pedimos respeto a la legislación.

¿Arrastró Francia a España en el aval al desarme?

-Si seguimos las declaraciones, vemos una posición inicial de España de poner trabas a un desarme, algo curioso, es el único país del mundo en el que se pide iniciar un proceso de desarme y la otra parte no quiere hacer nada. Cabría preguntarse cómo se siente más cómodo el Gobierno español. Toda esa actitud obstaculizadora, decía, va cambiando en función de los pasos que da el Gobierno francés. En el momento en que se posiciona a favor de coadyuvar en ese proceso el Gobierno español da marcha atrás, pone en duda que el desarme sea real, pero sin ese intento boicoteador inicial. Es una incoherencia absoluta que se vayan a Colombia a aplaudir el desarme de las FARC, incluido el rey emérito, y que aquí estén con esta actitud contraria a iniciar un proceso de convivencia.