BARCELONA - A pesar de que los atentados de Barcelona y Cambrils han eclipsado mediáticamente la organización del referéndum del 1 de octubre, las autoridades catalanas siguen dando pasos para convertir la consulta en realidad. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró ayer que su Govern ya dispone de “más de 6.000 urnas” para poder celebrar el plebiscito. “No veo de qué modo el Estado puede frenarlo”, ahondó en una entrevista concedida a Financial Times acerca de las posibilidades del Ejecutivo español para bloquear el 1-O.

El Govern no ha cesado durante las últimas semanas en su empeño de disponer de las urnas, aunque haya mantenido un perfil comunicativo más bajo que en la primera intentona para hacerse con ellas, que quedó desierta en julio debido a los vetos del Gobierno español o, tal y como la propia administración catalana calificó gráficamente, por los efectos del “asedio del Estado”. La Generalitat estableció un proceso administrativo “directo” en la segunda tentativa. Puigdemont, sin embargo, se abonó a la cautela para no dar pista alguna sobre el método de adquisición en la entrevista con el rotativo británico.

La adquisición de las urnas para el 1-O no es un ningún tema baladí entre los preparativos para el referéndum, ni para la Generalitat ni para el Gobierno español. Ejemplo de ello es que las autoridades catalanas se vieron obligadas a abortar un primer trámite administrativo para su compra, iniciado en mayo, debido a las presiones ejercidas por parte de La Moncloa. En un principio, pretendían hacerse con 8.000 receptáculos, pero la Fiscalía se querelló contra la entonces consejera de Presidencia, Meritxell Borràs, y su secretario general, Francesc Esteve, por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos. Aceptada la denuncia por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ambos se vieron abocados a declarar, a pesar de que el proceso de adquisición quedó anulado. El Govern llegó a homologar a dos empresas como posibles fabricantes, pero declaró el concurso público desierto alegando que ninguna de las dos cumplía todos los requisitos exigidos. Aún así, activó un plan alternativo que, a tenor de lo expuesto por Puigdemont -e incluso anteriormente por algún miembro de la CUP-, se habría resuelto con éxito.

En lo que respecta a las posibles sanciones a las que se podría enfrentar tanto el president como los más altos cargos de su Govern, tales como la inhabilitación o las multas económicas, Puigdemont aseveró que esa fórmula no servirá para cerrar el paso al 1-O. “No quiero ir a prisión pero no hay nada que me puedan hacer a mí que haga detener este referéndum”, advirtió. “Volver a la normalidad es derrotar a los terroristas”, incidió, por último, cuando fue cuestionado acerca de si los atentados de Barcelona y Cambrils podrían motivar una demora del referéndum. - I.F.