barcelona - Una vez consumada la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la reforma del reglamento del Parlament catalán que tenía como fin aprobar por la vía rápida las leyes de desconexión, los representantes de las formaciones soberanistas se apresuraron ayer a advertir de que existen “otras vías” para tener la Ley del Referéndum a tiempo para la consulta sobre la independencia convocada el 1 de octubre. Un camino paralelo al abortado cautelarmente por el Constitucional tras el recurso interpuesto por el Gobierno español, que permitiría cumplir los mismos objetivos con el reglamento anterior.
Fue el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, quien resaltó que existen “muchas fórmulas” para aprobar la proposición de ley desde el Parlament, sin necesidad de que el Govern la convierta en proyecto de ley por vía de lectura única, precepto que está suspendido. El portavoz adjunto de Junts pel Sí en el Parlament Roger Torrent fue más concreto y recordó que el mecanismo suspendido, que permitía a un grupo tramitar una ley por el mecanismo de la lectura única -hasta ahora tramitar por esta vía requería la unanimidad de toda la Cámara-, “era una opción más encima de la mesa”. Recordó por ello que el Parlament tiene otras vías ordinarias para tramitar leyes que también pueden utilizar.
Este camino alternativo podría basarse en el artículo 81.3 del reglamento del Parlament, que establece que el orden del día del pleno puede ser alterado y así incluir otras cuestiones a propuesta de la presidenta de la Cámara, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados. Por su parte, el artículo 135.1 autoriza la tramitación directa y en lectura única de un proyecto de ley tras el acuerdo del Pleno. Ambos preceptos no se han visto afectados por la reforma de la normativa que suspendió el pasado lunes el alto tribunal.
En cualquier caso, Turull señaló ayer que el Govern y JxSí en el Parlament van “a una”, así que garantizó el apoyo a la senda que escoja el grupo parlamentario para tramitar la ley de referéndum, incluso si prosigue como proposición de ley por vía de lectura única -que permitiría aprobar las leyes de desconexión en un solo día y sin debate-, precepto que está suspendido. “No se puede descartar nada”, apostilló el portavoz en la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern.
De momento, JxSí y la CUP tramitan la Ley del Referéndum por el mecanismo de “urgencia extraordinaria” -una vía urgente, pero menos que la lectura única-, y no aclaran si están dispuestos a desobedecer el TC y aprobar la ley por el mecanismo suspendido. “Estamos jugando con un Estado en contra que envía la Policía al Parlament. Tenemos que aprovechar todas las vías legítimas”, aseveró el portavoz parlamentario de JxSí, Roger Torrent.
La Ley del Referéndum es precisamente la que las formaciones soberanistas tienen más prisa por aprobar. La registraron el pasado lunes y quieren que esté lista unas semanas antes del 1 de octubre, fecha de la votación. Torrent no se mostró preocupado por la suspensión decretada por el Constitucional, ya que el reglamento vigente contiene, dijo, “vías ordinarias” para que los grupos independentistas pidan tramitar por “urgencia extraordinaria” la Ley del Referéndum, que la Mesa del Parlament podría admitir a trámite “a mediados o finales de agosto”, y sea posible así mantener los planes para el 1-O.
En este sentido cabe recordar dos fechas que podrían ser clave en este trayecto: el 16 de agosto, cuando se reabre el Parlament y está previsto que se tramite la Ley del Referéndum, aunque no sería sometida de forma inmediata a votación del Pleno. Dicho hito tendría lugar el 6 de septiembre, junto con el conjunto de leyes de ruptura con España, las leyes de desconexión. Por su parte, el Govern celebró ayer su última reunión antes del periodo vacacional y no volverá a reunirse hasta el martes 29 de agosto, aunque sus integrantes estarán “atentos” y “localizables”, adelantó Turull.
“Persecución ideológica” En su último encuentro de ayer, el gabinete de Carles Puigdemont acordó personarse ante el Tribunal Constitucional para defenderse de la “indecencia” que, a su juicio, supone el recurso promovido por Moncloa contra el reglamento del Parlament. El portavoz del Govern, Jordi Turull, destacó que el procedimiento de lectura única lo tienen otros parlamentos autonómicos y el Congreso de los Diputados, por lo que el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy “hace saltar por los aires eso de que todos somos iguales ante la ley” y deja entrever una “persecución preventiva e ideológica”.
En su comparecencia, Turull acusó al TC de ser el “brazo ejecutor” del Ejecutivo del PP e ironizó con que “podría tener su sede perfectamente en La Moncloa o compartir el Consejo de Ministros”. El Govern ha acordado personarse con un recurso de súplica contra la providencia del TC para pedir que se levante la suspensión. Si no fuera estimada, formularía las alegaciones pertinentes en defensa de la constitucionalidad del nuevo reglamento de la Cámara catalana.
Roger Torrent, de Junts pel Sí, lamentó la decisión del TC y criticó que juzga “intenciones” y no la estricta legalidad de la norma. En declaraciones a Europa Press, censuró que “el Tribunal Constitucional nos dice con la suspensión que aquello que vale en 14 parlamentos autonómicos y para el Congreso no vale para Catalunya”, en referencia al procedimiento abreviado o de lectura única. La presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, aseguró que, frente a fórmulas alternativas como la del artículo 81.3 del reglamento vigente del Parlament, “nos gusta mucho más el hecho de desobedecer”. Añadió que “no reconocemos este derecho español que se aplica de una forma muy interesada y muy aleatoria”.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró que el Gobierno “va a seguir con la misma actitud de no permitir que los radicales decidan el futuro de los catalanes con una ilegalidad tras otra con tal de cumplir sus delirios”. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, pidió a Carles Puigdemont que no se haga la “víctima”, después de que declarara que está dispuesto a ir a la cárcel por convocar el referéndum.
