madrid - La carrera de obstáculos hacia el 1-O que enfrenta a los gobiernos español y catalán sigue cogiendo velocidad, aunque en la marcha prevista. Los soberanistas están marcando el ritmo, pero Rajoy no quiere perder el rebufo y está tratando de contrarrestar el pulso con la máxima celeridad posible. El presidente español ha necesitado menos de 48 horas para responder a la reforma del Reglamento del Parlament que permite aprobar las leyes de desconexión en un solo día y sin debate. Tras recibir el informe favorable del Consejo de Estado, anunció ayer que llevará el cambio de la norma al Tribunal Constitucional (TC). Madrid busca que la admisión a trámite de su impugnación congele los preceptos del documento y evitar así un importante paso para los planes independentistas.

El procés fue el gran protagonista del balance del curso político realizado ayer por Rajoy en Moncloa. El jefe del Ejecutivo español esgrimió su obligación para “velar por la legalidad” y criticó que el Govern esté tratando de “imponer a las bravas” un proceso que tilda de “radical y divisivo”. La impugnación que presentará ante el alto tribunal recoge los argumentos expuestos por el Consejo de Estado. En su informe, solicitado con urgencia, incidió en la vulneración del derecho de participación política en condiciones de igualdad, recogido en el artículo 23.2 de la Constitución española y del 29.4 del Estatut.

Antes de realizar el anuncio, esperado de antemano, Rajoy comunicó su iniciativa a PSOE y Ciudadanos, en quienes confía para hacer frente de forma conjunta al pulso del independentismo catalán. Se dio la circunstancia casual de que el presidente español habló ayer telefónicamente con Puigdemont debido al accidente de tren que se produjo en Barcelona, al igual que lo hizo la vicepresidenta Sáenz de Santamaría con su homólogo en el Govern, Oriol Junqueras. Según la versión oficial, los mandatarios se limitaron a conversar sobre el trágico suceso y no trataron temas referidos al procés.

El Pleno del TC se reunirá este mismo lunes a las 17.30 para deliberar sobre el recurso. Sus magistrados ya habían sido advertidos de que deberían estar disponibles en agosto para examinar cualquier avance en el camino hacia el 1-O, pero ni siquiera esperarán al comienzo del nuevo mes y tendrán que acudir el primer día hábil tras la interposición de la apelación. Hay pocas dudas de que el alto tribunal continuará por la misma senda y acabará echando el freno a la polémica reforma.

A los independentistas no les cogerá por sorpresa la previsible paralización de la rebarnizada norma. Tanto es así que ya manejan vías alternativas que permitan cumplir los mismos objetivos con el Reglamento anterior. Uno de los huecos que quieren aprovechar se refiere al artículo 81.3, que no ha experimentado ningún cambio en la reciente reforma. Este precepto determina que el orden del día del Pleno puede ser alterado para incluir otros asuntos a propuesta de la presidenta del Parlament, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados.

La otra fórmula que manejan los impulsores del referéndum unilateral de independencia reside en el artículo 135.1, que autoriza la tramitación directa y en lectura única de un proyecto de ley si así lo acuerda el Pleno. De esta forma, sería el propio Govern -y no los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP mediante proposición de ley- quien debería llevar el texto hasta el Parlament. Sea cual sea el procedimiento escogido y el devenir de los acontecimientos, los soberanistas asumen que Madrid tratará de paralizar cualquier avance hacia el 1-O, aunque sea utilizando el Reglamento anterior.

FIRMAN LA LEY DEL 1-O Al tiempo que Rajoy anunciaba el recurso a la reforma del Reglamento, el Parlament acogía el último Pleno antes de las vacaciones y en el que se rubricó la Ley del Referèndum d’Autodeterminació por parte de todos los diputados independentistas. Los 72 representantes que suman en total Junts pel Sí, la CUP y el no adscrito Germà Gordó estamparon su firma en el texto en un gesto para exhibir su unidad y el compromiso con la celebración de la votación unilateral. Los dos grupos tienen previsto registrar la norma el próximo lunes, cuando la Cámara autonómica cerrará hasta el 16 de agosto. A la vuelta de las vacaciones, la Mesa deberá admitirla y fijar el calendario de su tramitación. La fecha que finalmente se elija será clave para la previsible impugnación que efectuará el Estado.