Puigdemont insta a devolver el dinero de la ‘guerra sucia’

En una serie de seis mensajes en Twitter, el jefe del Govern adjuntó un recorte de prensa con una frase textual pronunciada el viernes por el portavoz del Ejecutivo español, Iñigo Méndez de Vigo: “Ni un euro público de los catalanes sufragará la consulta ilegal. Es una medida preventiva”. A continuación, Puigdemont pregunta: “Los euros públicos de los catalanes que han servido para sufragar la guerra sucia y han pagado informes falsos, ¿nos los puede devolver, ministro?”. En su reacción a la medida impulsada desde Madrid para torpedear el referéndum del 1 de octubre y, si es el caso, ahogar la economía catalana, el president también pidió la devolución de “los intereses que hemos pagado para que nos presten nuestro propio dinero, que recaudan generosamente”, así como los fondos destinados a “rescatar las autopistas radiales de Madrid”, para “rescatar la banca (60.000 millones)” y para indemnizar a los promotores de la plataforma Castor.

A estas críticas se sumó el conseller de Presidencia, Jordi Turull, quien advirtió al Gobierno español de que si colapsa económicamente y financieramente a Catalunya, “España se hunde”. En una entrevista en RAC1, Turull afirmó que, pese al anuncio de Moncloa, el Ejecutivo no podrá “cortar el FLA”. Consideró además “lamentable” que el gabinete de Mariano Rajoy haya optado por la vía judicial y económica para intentar evitar el referéndum, dejando de lado la vía política.

Según Turull, la Generalitat ha recibido un aviso del Ministerio de Hacienda en el que se advierte sobre un gasto extra de 6.150 euros en la partida de procesos electorales, por lo que criticó que Madrid esté más preocupada por una partida de poco más de seis mil euros que por los 60.000 millones que se destinaron a rescatar a la banca.

Efectivamente, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, explicó que la decisión de imponer una mayor supervisión a las cuentas de la Generalitat se produjo después de que el último informe remitido por el interventor general de Catalunya certificara que se habían realizado pagos con cargo a las partidas presupuestarias suspendidas por el Tribunal Constitucional, destinados a sufragar los gastos para el referéndum. En declaraciones a la COPE, afirmó que “la última certificación del pasado 13 de julio” incluía un desvío a la “organización, gestión y seguimiento de procesos electorales”.

Cada miércoles El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la medida aprobada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para supervisar las cuentas de Catalunya, con el fin de asegurarse de que no se utilizan fondos públicos para pagar los gastos de organización del 1-O. La medida, cuya entrada en vigor es “inmediata”, según se recoge en el texto, establece que el interventor general de la Comunidad Autónoma deberá remitir todos los miércoles el certificado final a Hacienda, empezando el próximo día 26.

A esta escalada en la relación entre Catalunya y el Gobierno español se refirió también el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien aseguró que “la crisis territorial no se resuelve con amenazas por tierra, mar y aire”, sino con “diálogo y mesura”. En un acto en Palma de Mallorca, dijo que “las soluciones para Cataluña pasan por la ley porque fuera de la ley no hay nada”, pero aseguró que se ha demostrado que “con la ley no basta, que falta la política”. Para Sánchez, a “un presidente del Gobierno hay que pedirle mirar alto, lejos, que haga política y que encuentre soluciones justas”. Por parte del PP, la vicesecretaria de Estudios y Programas Andrea Levy advirtió de que los “fanatismos independentistas” no se pueden pagar con el dinero de todos.