Pamplona - El Gobierno de Nafarroa ha hecho saber al Tribunal de Cuentas que sus exigencias de fiscalización sobre las cuentas públicas navarras exceden lo pactado en el Amejoramiento, y que por lo tanto no facilitará más documentación que los informes de actuaciones que periodicamente la Cámara de Comptos envía al órgano fiscalizador estatal.

Es la decisión que ayer tomó el Ejecutivo foral ante la insistencia del Tribunal de Cuentas, que el pasado 4 de julio volvió a requerir una serie de documentación específica para iniciar la fiscalización de los Presupuestos, los objetivos de estabilidad presupuestaria y los planes económico-financieros desde 2014. Una petición que ya encontró la negativa del Ejecutivo foral el pasado 30 de marzo, pero que se ha vuelto a reformular y además con amenaza de sanción a través de una carta del presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, datada el 4 de julio y que llegó al Palacio de Navarra el 12.

En dicha carta, Álvarez de Miranda volvía a pasar por encima del Amejoramiento que confiere a Comptos la fiscalización en exclusividad del sector público en Nafarroa, requería de nuevo los documentos y amenazaba con incoar acciones contra el Gobierno en caso de que en 15 días no se remitiese la información solicitada. Ni siquiera las amenazas de multa han hecho cambiar de parecer al Gobierno, que como “máximo garante de la integridad del régimen foral” defenderá las estructuras de su autogobierno “hasta el final”. Así lo declaró ayer la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, en su compareció tras la sesión del Gobierno de Barkos.

No es la primera vez que el órgano fiscalizador estatal trata de invadir las competencias que por ley tiene asignadas en exclusividad Comptos. Al menos en 2001, 2004, 2013 y 2015 el Gobierno navarro adoptó acuerdos por los que negaba determinada documentación al Tribunal de Cuenta. Esta vez, el Ejecutivo ha querido acompañar su respuesta de un profuso informe elaborado por los servicios centrales de la Asesoría Jurídica del Gobierno. En dicho informe, se apoya en la disposición adicional primera de la Constitución Española (que reconoce y ampara los derechos históricos de Nafarroa, también en control externo de gestión económica) y el artículo 18 bis del Amejoramiento, según el cual el Tribunal de Cuentas no puede fiscalizar directamente el sector público foral, para salvaguardar las competencias de Comptos.