vitoria - El colectivo oficial de presos de ETA y la izquierda abertzale, EPPK, ha presentado ya su documento final de conclusiones, donde ratifica su apuesta por explorar las vías legales e individuales de reinserción. En esa hoja de ruta añade que los presos pedirán la revisión de las condenas impuestas en base a declaraciones bajo tortura. El documento lo publicó ayer íntegramente Gara, y fue presentado también por el exrecluso Antton López Ruiz, Kubati, quien volvió a fijar como límite el arrepentimiento y la delación, y aclaró que no va a producirse una rendición política del colectivo de presos en un contexto en el que Rajoy acaba de pedir otra vez a ETA que pida perdón y desaparezca. Por ello, aunque se apuesta por explorar las vías legales, Kubati pidió también una reforma de la Ley 7/2003. En realidad, el arrepentimiento y la delación son dos palabras que tampoco han salido por boca de los presos de la vía Nanclares, que han realizado una reflexión crítica del pasado sin realizar esos dos movimientos.

El documento del EPPK también es tajante. “No aceptaremos ningún paso que pueda ir en contra del carácter de nuestra militancia política o que pueda ser políticamente utilizado para dañar el proceso de liberación. Que nadie nos pida ni el arrepentimiento político ni la colaboración para encarcelar o alargar las condenas de otros compañeros. El tiempo de la confrontación armada quiere ser cerrado en Euskal Herria, y estando de acuerdo con esta oportunidad de futuro, que nadie nos pida renunciar ni a nuestras ideas ni a nuestros objetivos políticos”, defienden.

A partir de ahora, cada preso se hará con su dossier jurídico y estudiará con sus abogados las opciones que se le presentan. Cada recluso informará al colectivo y también a la ciudadanía de los pasos que va a dar, que tienen que contar con el visto bueno del EPPK. López Ruiz fijó ayer la línea roja de la delación de los “compañeros” con causas pendientes porque sería “un suicidio político”. En una rueda de prensa en Donostia, acompañado por Oihana Garmendia, con quien comparte la portavocía de la Comisión de Sortu por los Presos, avisaron de que “nadie” les pida “ni el arrepentimiento político ni la colaboración para encarcelar o alargar las condenas de otros compañeros”. “Es una cuestión que el colectivo no va a aceptar porque se le exige colaborar con algo que ni siquiera está bien visto por la sociedad. No vamos a aceptar ese tipo de cuestiones porque, en definitiva, sería su suicidio político”, dijo el expreso, para añadir que “la izquierda aber-tzale ha tenido muy claro desde el principio” que la Ley 7/2003, que establece requisitos específicos para los condenados por terrorismo, “no es válida para caminar por la vía que se necesita en estos momentos”. A su entender, esta ley “expresa una condición de vencedores y vencidos”. “Creemos que la solución a este conflicto no entra dentro de esos parámetros”, dijo. “No estamos dispuestos a vender nuestra cabeza política”, recalcó. Por este motivo, pidió que la Ley 7/2003 sea “reformada, acoplada o adecuada al actual momento”. - DNA