barcelona - El derecho a decidir vuelve a sembrar la discordia en el seno del socialismo. Oficialmente, las direcciones del PSC y el PSOE están perfectamente alineadas en defensa de la reforma federal de la Constitución española. Su propuesta consiste en mejorar el encaje de las comunidades autónomas dentro de España, sin ir más allá ni dejar opción a los territorios para que ejerzan el derecho de autodeterminación. Sin embargo, la convocatoria del referéndum unilateral para la independencia de Catalunya el 1 de octubre ha vuelto a aflorar la realidad latente de que, en algunos sectores del socialismo catalán, hay una mayor sensibilidad en defensa del derecho a decidir y una lectura más flexible sobre lo que permite la Constitución española. Algunos alcaldes del PSC se han mostrado dispuestos a permitir el referéndum y acudirán a votar. Sobre todo, los alcaldes están incómodos con la labor de policía que parece haberles asignado el socialismo español a la hora de impedir el plebiscito, y discrepan con que puedan ser sancionados, como ha insinuado Ferraz. En ese contexto, el líder del PSC, Miquel Iceta, evitó ayer una guerra con los alcaldes y, de paso, lanzó una advertencia al PSOE de Pedro Sánchez, con quien, no obstante, mantiene una muy buena relación. Según dijo, si alguien puede sancionar a los alcaldes es el PSC y no el PSOE y, de todas formas, no piensa hacerlo. Iceta dejó ver en declaraciones a TV3 que el PSC va a tener manga ancha con los alcaldes. Rechaza el referéndum y les pondrá como línea roja el respeto a la ley, pero cree que nadie la incumplirá y que todo lo demás son meros posicionamientos políticos inocuos. Por ejemplo, no se tomará como un comportamiento sancionable que los alcaldes acudan al acto de cargos municipales independentistas en defensa del referéndum, que tendrá lugar hoy en el paraninfo de la Universitat de Barcelona. “Solo les pido una cosa simple: que cumplan la ley. Ir a ese acto no es incumplir la ley. Enseñar la vara ante lo que son manifiestos, actos, reuniones en el Pati dels Tarongers o concentraciones... Aquí el único problema es tomar una decisión formal en el pleno municipal o un edicto de alcalde que sea ilegal. Todo lo demás forma parte del proceso”, dijo.

Iceta descartó las sanciones porque cree que no habrá referéndum y porque, aunque lo hubiera, nadie en su partido se saltará la ley. “Si hay sanciones, que creo que no pasará, entre otras cosas porque las tendría que proponer yo y no lo pienso hacer, las pondría el PSC. Yo no puedo sancionar al alcalde de Valladolid, por ejemplo. No es mi partido. Pues el PSOE no puede sancionar a alcaldes del PSC”, zanjó.

Las declaraciones de Iceta llegan después de que el PSOE avisara de que los alcaldes socialistas se exponen a ser sancionados si votan en el referéndum. Iceta no quiere abrir una guerra interna en un PSC donde sabe que el derecho a decidir tiene predicamento en determinados sectores. Alcaldes como el de Blanes, Miguel Lupiáñez, ya han anunciado que irán a votar. En Tarrasa la situación es más complicada. Su alcalde Jordi Ballart se ha negado a impedir la votación, aunque no ha dado más detalles y está pendiente del informe que ha encargado al secretario municipal para que le aclare si el plebiscito es legal o no. Ahí sí puede haber fricciones importantes. En cualquier caso, el rechazo a la vía unilateral es mayoritario en el PSC. Ayer se alineó con el PP para pedir a Ada Colau que no colabore con el referéndum en Barcelona.

El derecho a decidir provocó una crisis en el PSC cuando el procés comenzó a tomar velocidad, allá por 2014. Bajo la dirección de Pere Navarro, se produjo una rebelión en el Parlament y algunos diputados rompieron la disciplina de voto para pedir una consulta pactada con el Estado a través de la cesión de la competencia. Entre esos diputados se encontraba Joan Ignasi Elena, ahora al frente del Pacte pel Referèndum. Con Iceta al frente, hubo un intento de llevar a la ponencia del congreso del PSC una alusión a la consulta pactada, inspirada en la Ley de Claridad canadiense, como último recurso si los catalanes rechazaran una reforma constitucional. Ese debate fue finalmente descartado y se produjo un alineamiento absoluto con la reforma federal del PSOE.