gasteiz - El consenso en torno a la política penitenciaria en Euskadi, una vez desaparecida la amenaza del terrorismo, es cada vez más amplio, y ayer el Parlamento Vasco dio un paso cualitativo con la petición de todos los grupos, salvo el PP, de que se excarcele a los reclusos gravemente enfermos, escasas horas después de que la Audiencia Nacional suspendiera la condena al preso de ETA Juan Mari Maizkurrena. A falta de saber si dicha decisión es coyuntural y anecdótica, o va más allá y supone un cambio en la postura del Estado, PNV, Elkarrekin Podemos y PSE defendieron la enmienda transaccional negociada con EH Bildu, un texto que exige que “los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables puedan ser clasificados en tercer grado y ser excarcelados por razones humanitarias y de dignidad personal”.
La enmienda insta al Gobierno central, “y a Instituciones Penitenciarias en particular”, a derogar la Instrucción 3/2017 y a rectificar el criterio expresado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien estableció la frontera entre la excarcelación o la permanencia en prisión en una esperanza de vida de dos meses. Por su parte, la instrucción interpreta cómo aplicar el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario, y establece que debe haber un peligro “patente” para la vida del preso enfermo o septuagenario para obtener la libertad condicional. Por último, el texto pide al Ejecutivo de Mariano Rajoy que consensue con las instituciones vascas la orientación de la política penitenciaria.
El acuerdo supone la materialización o al menos un primer paso en la construcción del diálogo en torno a los presos reclamado por el Foro Social Permanente, cuyos representantes estuvieron ayer presentes en la Cámara de Gasteiz junto con los de Sare y Etxerat.
Los grupos defensores de la iniciativa valoraron ese amplio consenso en torno a la iniciativa que, como señaló el parlamentario de Elkarrekin Podemos, Juan Luis Uria, fue “una ingeniería de síntesis de proposición no de ley que hay que agradecer a los que la han planteado”.
Lo fue porque se extiende la petición a los presos sociales, y se circunscribe al respeto a los derechos humanos y a la ley. Solo para el PP el acuerdo alcanzado supuso un triunfo para EH Bildu que, según dijo la popular Nerea Llanos, “manipula, tergiversa y falsea intencionadamente la verdad, y algunos caen en esa manipulación y en ese falseamiento”.
El aludido, el parlamentario abertzale Julen Arzuaga, celebraba la amplitud del acuerdo alcanzado. “Quiero decir que hoy veo un paso adelante, a excepción del PP hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Tal vez el texto que hoy presentamos no sea el texto de EH Bildu, tal vez no es estrictamente el texto que ninguno de los grupos que lo estamos sosteniendo querríamos apoyar, pero quiero concederle el valor al acuerdo”, señaló.
Uria también incidía en esta línea. “Que hayamos llegado a un acuerdo cuatro grupos parlamentarios en esta proposición no de ley es un motivo de satisfacción para Elkarrekin Podemos porque puede ser el inicio, bajo el punto de vista político, social y jurídico, de otra forma de pensar y de otra forma de gestión”. Un primer paso, dijo, que será útil para cuando se acuerde la transferencia de prisiones.
Desde el PSE, Rafaela Romero reclamó el cumplimiento de lo establecido en la Constitución y ratificado por tribunales internacionales, por el Constitucional y por el Supremo, en lo relativo a “la protección de la salud” y al reconocimiento de que “toda persona condenada a pena de prisión goza de los derechos fundamentales, lo que lleva unido la prohibición de penas inhumanas y degradantes”. Romero recordó que “ETA hace más de cinco años que no está”, y su disolución es una decisión que “solamente le pertenece a ella y a ella de exigírsele”, y por ello rechazó aplicar la legislación “como si todo siguiera igual, como si nada hubiera pasado”.
Por su parte, el parlamentario del PNV Iñigo Iturrate afeaba “a todos los que proclaman y reclaman el cumplimiento de la ley” que “precisamente la ley penitenciaria está para cumplirse”. Iturrate afirmaba que “los derechos humanos no son divisibles”, sino “un compromiso completo; o se está con todos o no se está”, y recordaba por otro lado el trabajo del Gobierno Vasco con iniciativas como Hitzeman o Zuzen Bidean dirigidas a la reinserción de los presos. Además, Iturrate calificaba la liberación de Maizkurrena como “una gota de agua en un desierto”.
Desde el PP, Llanos centraba sus críticas en Arzuaga, que “habla de presos vascos, cuando en realidad está hablando de los presos de ETA”, y le acusó de ocultar “los tratamientos, las intervenciones y la atención que reciben”. Afirmó además que se busca un trato “privilegiado” para estos presos y dijo que su “situación humanitaria” depende de ellos mismos, ya el Estado supedita la situación del recluso a su desvinculación expresa de ETA, entre otras condiciones.
corrupción Por otro lado, en la Cámara se vivió ayer un encendido debate a cuenta de una propuesta de Elkarrekin Podemos en torno a la lucha contra la corrupción, enmendada junto con EH Bildu, que planteaba elaborar un listado público de corruptos en Euskadi. PNV, PP y PSE hicieron valer su mayoría para aprobar una propuesta alternativa que, aunque pedía más medios para la Fiscalía, e instaba a las instituciones a denunciar comportamientos corruptos, rechazaba dar nombres de personas o grupos corruptos en aras a garantizar la presunción de inocencia.
