gasteiz - La Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco tomará velocidad de crucero tras unos primeros meses de estancamiento después del verano, con la comparecencia de una docena de víctimas de todas las violencias. La mayor parte serán de ETA, pero también habrá afectados por los GAL y abusos policiales. Así lo acordaron ayer PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE, los grupos que conforman este foro en el que el PP no ha querido participar para no compartir espacio con la coalición abertzale que, afirman, no ha condenado los asesinatos de ETA. Alegan, además, que el resto de grupos pretenden ayudarles a “blanquear” el pasado. Las comparecencias arrancarán el 18 de septiembre y, aunque la intención es llevar a cabo el proceso lo más ágilmente posible, se calcula que se prolongará durante parte del mes de octubre.
En cuanto a la identidad de las víctimas, los grupos de la ponencia acordaron no dar sus nombres porque aún no se ha contactado con ellas y se prefiere tener antes la confirmación de que asistirán al llamamiento del Parlamento. “Después no habrá problemas en hacer públicas sus identidades”, confirmaron a este periódico fuentes conocedoras de las deliberaciones en este foro.
Con los testimonios de estas víctimas de la violencia política, se quiere imprimir ritmo a una ponencia constituida formalmente el pasado 17 de mayo y que ha permanecido paralizada durante semanas mientras fuera el clima se enrarecía. EH Bildu afirmaba públicamente que ahora la prioridad son los presos y generaba malestar en otros grupos parlamentarios, aunque finalmente en la segunda reunión, la del pasado 7 de junio, se acordó elaborar un calendario de abordaje de las cuestiones en el que la política penitenciaria ocupa el tercer lugar, tras las víctimas y la memoria, y por delante de lo relativo a la convivencia y los derechos humanos, cuestión con la que se pretende cerrar definitivamente, desde el plano político, el capítulo de la violencia que ha sacudido Euskadi durante décadas. Todas estos apartados se tratarán de forma independiente para evitar que unos se solapen con los otros.
Ayer, por tanto, se fijó el prólogo del primer capítulo, con el acuerdo sobre qué víctimas acudirán a la ponencia -si ellas confirman que pueden y desean hacerlo- y cuándo lo harán. En esta cuestión no hay diferencias de calado entre los grupos, pues todos coinciden en abordar la situación de las víctimas independientemente de quién haya sido el victimario, pero en todo caso, y en aras a evitar que el ruido mediático acabe por envenenar los consensos, las sesiones de la ponencia se celebrarán a puerta cerrada.
Al margen de que se va a escuchar a personas que han sufrido episodios que les han marcado de por vida, los mensajes para consumo interno de cada partido han dificultado en el pasado los consensos. En la anterior legislatura, y aunque los trabajos también se celebraban a puerta cerrada, la entonces denominada Ponencia de Paz y Convivencia colapsó cuando los grupos empezaron a hacer sus valoraciones por separado sobre la misma. Así, el PSE denunció que estaba estancada por la negativa de EH Bildu a asumir el suelo ético fijado por el Parlamento, y al final los socialistas acabaron saliendo de un foro en el que desde el principio declinaron participar PP y UPyD.
Ahora se ha decidido que sea la presidenta de la comisión de Derechos Humanos y de la propia ponencia, la jeltzale Ana Oregi, quien ejerza como portavoz de la misma.
Este primer apartado relativo a las víctimas es quizá el más avanzado dentro del proceso de normalización política en Euskadi, pero no por ello está cerrado. Hay alrededor de 300 casos de asesinatos de ETA sin resolver, y por otro lado la cuestión de las víctimas de abusos policiales aún está en el aire. La ley que aborda los casos acaecidos entre 1978 y 1999 está recurrida por el Estado y no parece que el acuerdo al respecto esté cerca.
sara majarenas Por otro lado, la comisión de Derechos Humanos reclamó ayer al Gobierno español la libertad de Sara Majarenas, que ha cumplido ya el 90% de su condena, para que pueda residir en Donostia junto a su hija Izar, apuñalada por su padre a principios de este año. A Majarenas se le aplicó en marzo el segundo grado para que pudiera seguir con Izar en un centro penitenciario externo de Madrid, pero la familia asegura que la niña precisa crecer en su entorno familiar. Todos los grupos salvo el PP apoyaron esta solicitud.
