Gasteiz - El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, respondió ayer al delegado del Gobierno español en la CAV, Javier de Andrés, que “se le debe un respeto” a las decisiones del Parlamento Vasco que aprobó la ley de víctimas de abusos policiales, y explicó que dicha ley tiene “una función administrativa” y “de ninguna manera penal”. Fernández respondía así, en una entrevista a ETB, a las declaraciones de De Andrés, que el pasado jueves dijo que la ley “está muy mal hecha” y “asume tareas” de la Administración de Justicia.

El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco recordó que todas las fuerzas parlamentarias vascas, salvo el PP, tienen “una postura favorable a la legalidad de esta ley”. “Podemos, EH Bildu, PSE y PNV creen que la ley está bien hecha, y así lo creen también el Gobierno Vasco y sus servicios jurídicos. En su momento pasaron por el Parlamento numerosos expertos para dar su opinión sobre la ley, y allí estuvieron Juan Luis Ibarra, Juan Calparsoro, Alvaro Gil-Robles y muchos otros, y dijeron que la ley era totalmente legal y que no tenía ningún problema desde el punto de vista constitucional”, señaló.

Asimismo, recordó que el expresidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas Fabián Salvioli ya confirmó, en su reciente visita a Euskadi, que la conocida como Ley de abusos policiales “respeta la legislación internacional”. “Por lo tanto, aquí el asunto no es lo que digamos el delegado del Gobierno de España o yo, diciendo él que es una mala ley o yo que es buena. Aquí hay opiniones de expertos y creo que hay que tenerlas en cuenta. Creo que al Parlamento Vasco se le debe un respeto. No soy yo el que va a crear una comisión, sino que lo ha decidido el Parlamento, respetando todos sus procedimientos y teniendo en cuenta la opinión de todos sus juristas”, aseguró.

Fernández, además, consideró que la postura del Gobierno español respecto a la ley de abusos policiales “se basa en prejuicios”, y que, “al igual que ha hecho ahora Javier de Andrés, hacen que la ley diga lo que no dice, para luego afirmar que es inconstitucional”. “Hacen decir que esa comisión va a cumplir la función de los jueces, pero, si cualquiera lee la ley, comprobará que dice todo lo contrario. La función de esa comisión es administrativa, no penal”, explicó.

En este sentido, señaló que la ley prevé la creación de una comisión de expertos que verifique que “la información que tienen para decir que ellos han sido víctimas es verdadera”, y que, en base a los requisitos que establece la ley, se realizará un dictamen, con el que se decidirá si a esa persona se le otorga la reparación o no. - E.P.