Aunque todavía los gobiernos vasco y español no se han sentado a negociar sobre la transferencia de la gestión de las prisiones, en el PP vasco dan por hecho que la CAV asumirá más pronto que tarde una competencia prevista en el Estatuto de Gernika y que ha sido un tema tabú durante décadas, principalmente por la amenaza de un terrorismo que hoy ya no existe. Al fin de la actividad armada de ETA hay que añadir el clima de confianza establecido entre PP y PNV desde que los primeros perdieron su mayoría absoluta y tuvieron que empezar a buscar socios externos para llevar a cabo sus políticas.

Con este nuevo contexto de fondo se debatía ayer en el Parlamento una iniciativa de EH Bildu para crear en la Cámara una ponencia específica dedicada a la futura gestión de la competencia, una propuesta que apoyó Elkarrekin Podemos y que rechazaron PNV, PP y PSE. Y a pesar de que, tal y como criticaba la parlamentaria abertzale Jone Goirizelaia, el consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, ha manifestado que la comisión bilateral de transferencias aún no se ha reunido para abordar esta cuestión, en el PP se mostraba un punto de vista más que optimista al respecto.

“Será mediante un acuerdo entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de España cuando se decida esta transferencia”, alegaba la popular Nerea Llanos para rechazar la creación de la ponencia, para añadir después que “los aspectos que se mencionan en la iniciativa, como lo relativo a modificaciones en el ordenamiento jurídico, como lo relativo a los juzgados de vigilancia penitenciaria, no son competencia ni lo van a ser a pesar del traspaso de Euskadi”.

Igualmente optimista se mostraba la socialista Alexia Castelo, cuyo partido gobierna en Euskadi junto con el PNV. “Queremos que cuando se logre el acuerdo con el Gobierno de España, esas competencias se gestionen aquí de la manera más completa posible”, señaló Castelo, quien tranquilizaba a Goirizelaia afirmando que el modelo de gestión que plantea EH Bildu -orientado a dar una asistencia y una atención integral y unificada a los presos- es el que quiere establecer el Departamento de Justicia “cuando se acuerde la trasferencia”. Será precisamente el Departamento de Trabajo y Justicia que dirige la socialista María Jesús San José, el que se haga cargo de la competencia en materia de prisiones.