La reunión de la Junta de Seguridad esta tarde en Gasteiz, cinco años después del anterior encuentro del órgano bilateral entre el Ministerio del Interior y el Departamento de Seguridad, formalizará el nuevo clima de entendimiento entre ambas administraciones tras el acuerdo alcanzado por PNV y PP de cara a facilitar los presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy para este año. De hecho, esta convocatoria, que pone fin a un lustro en blanco en la relación entre los principales responsables institucionales y policiales del Estado y de Euskadi en esta materia, era un elemento fundamental de cara a sustanciar las medidas para la Ertzain-tza derivadas del acuerdo suscrito el 3 de mayo por Rajoy y el presidente del EBB, Andoni Ortuzar. “Se trata de concretarlo, de darle forma con acuerdos puntuales”, señalaron fuentes de Seguridad consultadas por este diario.

El propio punto 18 del Acuerdo para el apoyo de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, dedicado a la Policía vasca, comienza expresando el “compromiso de celebrar a la mayor brevedad una reunión de la Junta de Seguridad”, en cuyo orden del día se incluirían los asuntos fruto del acuerdo. Entre ellos destacan que la Ertzaintza podrá acceder a las bases de datos europeas sin la intermediación del Estado español, su incorporación de pleno derecho al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) y que las patrullas puedan culminar persecuciones en caliente más allá del límite geográfico de la CAV. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, adelantó ayer que el orden del día consta de 15 puntos, entre ellos la participación del cuerpo en foros internacionales de cooperación policial, la coordinación de las FSE y la Policía vasca en Euskadi, las convocatorias de nuevas plazas en la Ertzain-tza y la colaboración en la lucha contra el terrorismo yihadista.

El hito que supondrá el encuentro de hoy entre el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, empezó a cimentarse en la reunión que los dos mandatarios celebraron el 22 de marzo en la sede del ministerio en Madrid. En dicha cita, la delegación vasca pidió volver a encontrarse en la Junta de Seguridad antes del verano, como así será finalmente. No menos importante, entonces se empezó a demostrar una receptividad por parte del gabinete popular inédita en toda la legislatura anterior. Un cambio de postura derivado del relevo de Jorge Fernández Díaz por Zoido, pero también, como recuerdan desde Seguridad, por “la desaparición de la mayoría absoluta del PP”.

“Un acuerdo como el que ha habido era impensable con la mayoría absoluta”, agregan las fuentes consultadas. “De la necesidad, virtud”, agregan respecto a lo que fue la nota dominante durante el primer mandato de Rajoy: “La nula voluntad de acordar nada. Las reivindicaciones siempre han estado ahí pero no se atendían”. Tras el encuentro del 22 de marzo, y con la necesidad imperiosa del gabinete Rajoy de sumar apoyos para las cuentas, los acontecimientos se precipitaron y el día 30 de ese mes Moncloa reconoció la autonomía de la CAV para renovar la plantilla de la Ertzaintza. De este modo se ponía la primera piedra para la retirada de los recursos judiciales contra las dos últimas promociones de la Policía vasca, la principal reivindicación del Gobierno Vasco con el fin de garantizar la renovación de una plantilla mermada por las jubilaciones.

Esta cuestión ya se ha desbloqueado y sigue su propia vía, toda vez que los recursos fueron interpuestos por el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro porque, según su parecer, el número de plazas ofertadas excedía la tasa de reposición de los funcionarios públicos prevista en los presupuestos del Estado. La Junta de Seguridad sí puede ratificar la cifra de 8.000 ertzainas que se acordó en 2004 y que el Departamento de Seguridad aspira a mantener. El propio acuerdo del 3 de mayo entre PNV y PP asegura que la Junta “será el órgano competente para determinar con vigencia indefinida la tasa de reposición de la Policía Vasca”. Todo ello para “dar cumplimiento a la efectividad de su composición numérica total”, tal y como se deriva del decreto ley del 31 de marzo que tumbó los recursos.

Presencia de las FSE Otro asunto de importancia para el Departamento de Seguridad, y que ha sido reivindicado por Beltrán de Heredia desde que arrancó su primer mandato, es la adecuación de los efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en la CAV atendiendo al nuevo tiempo sin violencia de ETA. Una cuestión que, sin embargo, no compete a la Junta de Seguridad sino que es decisión de Interior, tal y como recordó el viernes el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga. Agregó, eso sí, que en ese foro se puede reclamar el “respeto de las competencias de ambos cuerpos” que marca el Estatuto de Gernika, lo que puede acabar determinando el número de agentes de las FSE en la CAV.

“Es un tema administrativo del Gobierno español”, señalaron fuentes de Seguridad. Añadieron que el objetivo en los últimos cinco años ha sido “dar impulso político real a la Junta de Seguridad”. Efectivamente, la negativa del anterior gabinete de Interior liderado por Fernández Díaz a situar en el orden del día los asuntos más candentes ha bloqueado la reunión del foro bilateral. Una circunstancia que ha variado ahora, merced a la situación de minoría del PP en el Congreso, y que permitirá dar nuevos pasos después de la Junta de Seguridad de julio de 2012, con Rodolfo Ares como consejero de Interior, en la que se abordó el dispositivo de seguridad de la Vuelta Ciclista a España ante su regreso a carreteras vascas.