gasteiz - El pasado martes por la noche, en una reunión discreta y distendida, el consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, y su homólogo en el Ejecutivo español, Cristóbal Montoro; pusieron fin a un litigio que se ha prolongado durante años. Euskadi ha cerrado las liquidaciones del Cupo de la última década, lo que le reportará el ingreso de 1.248 millones de euros en los próximos cinco años vía descuento del Cupo anual que se paga al Estado por los servicios no transferidos a la CAV. Además, se ha fijado un Cupo provisional para 2017 que asciende a 1.300 millones, y que servirá de base para elaborar la Ley Quinquenal pendiente, llamada a fijar las reglas para calcular las facturas que pasará el Estado a Euskadi en el próximo lustro.
Todos estos números quedan matizados por las cuentas realizadas también en el seno de la comisión mixta del Concierto en relación a las políticas activas de empleo transferidas a la CAV en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Así, la liquidación por este concepto relativa al periodo 2011-2015 y la provisional de 2016 suman 152 millones que hay que sumar a los 1.248 millones que recibirá Euskadi por el Cupo de todos estos años. Los 1.400 millones resultantes se descontarán del dinero que paga Euskadi cada año a España de forma progresiva; un 10% este año, un 15% en 2018, un 20% en 2019, un 25% en 2020 y un 30% en 2021. Por tanto, el Estado estará en paz con el Gobierno Vasco y las diputaciones dentro de cinco años con respecto a las deudas del pasado. En lo que se refiere al presente y el futuro, en julio se celebrará una reunión de la comisión mixta para abordar la metodología de cálculo del próximo lustro, una Ley Quinquenal que Azpiazu confía en aprobar este mismo año para que en lo sucesivo no haya que hacer cuentas.
También el Cupo provisional para este año queda modificado en la práctica por las políticas activas de empleo, y así los 1.300 millones de 2017 se quedan en 956 tras restar otros 344 millones. Así, el Cupo para 2016 será inferior en 192 millones al de 2016, que ascendió a 1.148 y que se liquidará este mismo mes de mayo.
También este mes, en la segunda quincena, la comisión mixta se reunirá para que los diputados generales, el consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka; y el viceconsejero de Hacienda y Política Financiera, Juan Miguel Bilbao; ratifiquen ante las autoridades del Estado el pacto sellado el martes entre Azpiazu y Montoro.
lo reclamado y lo pactado Las cifras aportadas ayer en la sede del Gobierno Vasco de Lakua por Azpiazu, “enormemente satisfecho” tras sellar un acuerdo que “acaba con la incertidumbre” de la última década, difieren de forma sensible de lo que se defendía durante el periodo negociador. Hasta la fecha el Ejecutivo de Iñigo Urkullu había calculado que España le debía 1.600 millones de euros. Finalmente son 1.248 porque, tal y como defendían en Gasteiz, señaló Azpiazu, para realizar el cálculo se ha tomado en consideración también el año base, el 2007. “Ha habido una revisión de cifras por parte de los dos gobiernos”, afirmó el consejero. Dichos cálculos se han efectuado siguiendo el dictado de la disposición adicional quinta de la Ley Quinquenal 2007-2011, que faculta a la comisión mixta para “la revisión del cupo líquido del año base del quinquenio y/o del índice de actualización del mismo, surtiendo en su caso la revisión efectos a partir del año en que se produzca dicha reforma”.
El acuerdo también entra en otros detalles menores para la escala de la cuestión abordada, como son los efectos tributarios del cambio de operativa de Mercedes-Benz, para cuyo análisis se creará un grupo de trabajo formado los gobiernos vasco y español y las diputaciones. Además, los ejecutivos de Iñigo Urkullu y Mariano Rajoy han ratificado los acuerdos de estabilidad presupuestaria para el periodo 2014-2019.
finanzas y política Ayer Azpiazu señalaba, por otro lado, que el acuerdo sellado con Montoro es eminentemente “financiero, pero también político”. Y es que, aunque tanto el PNV como el PP han querido desligar el conflicto en torno al Cupo de la tramitación de los Presupuestos de Mariano Rajoy, dicha polémica se generó en un contexto muy concreto y se ha solventado en otro diametralmente distinto. En 2007 se aprobó la última Ley Quinquenal, que venció en 2011. Entonces expiraba la última legislatura de Zapatero, que obligado por Europa a virar el rumbo de sus políticas económicas adelantó las elecciones y dejó de lado sus tareas pendientes con respecto a Euskadi. Rajoy ganó por mayoría absoluta y el rodillo consiguiente se tradujo en una situación de bloqueo que se prolongó hasta que las urnas le obligaron a buscar apoyos externos para contar con un Presupuesto.
Ha sido en esta coyuntura cuando, diez años, cuatro gobiernos vascos y tres españoles después, la CAV y el Estado han cerrado por fin las cuentas pendientes, la noche antes de que el PNV ratificara su apoyo al Presupuesto del Gobierno central guardando en el cajón su enmienda a la totalidad. Eso sí, aunque sellado a última hora, el pacto está bien atado y sin flecos, afirmó Azpiazu. Según el consejero, el martes él y Montoro se limitaron a dar por bueno el trabajo que durante semanas han llevado a cabo técnicos como el propio Bilbao o la directora de Política Financiera y Recursos Institucionales, Zuriñe Embid, que ayer flanqueaban al consejero en Lakua.
“Charlamos agradablemente de política y economía”, dijo Azpiazu de la reunión con Montoro en la que se cerró un acuerdo que “no ha sido fácil”.
Qué es. Euskadi paga todos los años al Estado por los servicios que presta a los vascos, en virtud de competencias no transferidas como la Defensa, las relaciones internacionales, y también por los gastos de la Corona. El Cupo está ligado al Concierto Económico mediante el que los territorios históricos mantuvieron su autonomía tributaria desde 1878, tras la III Guerra Carlista. Durante el franquismo fue abolido en Gipuzkoa y Bizkaia. Álava y Navarra, que apoyaron el golpe de Estado de 1936, lo mantuvieron vigente.
Cuánto se paga. La cifra se calcula cada año en función de lo establecido en la correspondiente Ley Quinquenal, pendiente de actualización desde 2011, y además queda modificada por las liquidaciones de las políticas activas de empleo. En todo caso, aun existiendo un ‘manual de instrucciones’, su interpretación da lugar a conflictos como el resuelto con el pacto sobre las liquidaciones alcanzado el pasado martes. En julio se celebrará una reunión de la comisión mixta para abordar la elaboración de una nueva Ley Quinquenal.
La liquidación. Tras años de desacuerdo, Euskadi y el Estado han alcanzado un acuerdo sobre el Cupo que la CAV debió pagar entre 2011 y 2016, y que es 1.248 millones menor que el realmente abonado. Esa cantidad, más otros 152 millones de la liquidación de las políticas activas de empleo del mismo periodo, los abonará el Gobierno central al vasco y a las tres diputaciones en los próximos cinco años. Se pagará un 10% en 2017, un 15% en 2018, un 20% en 2019, un 25% en 2020, y un 30% en 2021. El acuerdo se firmará en una reunión que celebrará la comisión mixta en la segunda quincena de este mes.
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Millones de euros pagará Euskadi en concepto de Cupo en 2017. El año pasado la cantidad se fijó en 1.148 millones, y este ejercicio se ha acordado que sea de 1.300, a los que habrá que restar 344 de las políticas activas de empleo ejecutadas por la Administración vasca. El acuerdo en torno al Cupo provisional de 2017 es importante porque es “la primera piedra”, señaló ayer el consejero Azpiazu, para calcular lo que Euskadi deberá pagar en el próximo lustro.
