madrid - Con las aguas aún revueltas por la actuación del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, en la operación Lezo, la Fiscalía General del Estado ha abierto un nuevo frente después que José Manuel Maza, máximo responsable de esta institución, decidiera ayer el relevo de los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo, que eran los encargados de llevar la causa conocida como caso del 3%, que investiga la supuesta financiación irregular de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Según afirmó Maza, el relevo obedece a “razones operativas y prácticas” y no afectará a la causa ya que, aclaró, “es un cambio de personas dentro de lo que es la organización del trabajo del Ministerio Fiscal”.
Sin embargo, fuentes próximas a la fiscalía de El Vendrell, cuyo juzgado número 1 es quien está investigando este caso, aseguraron ayer que el relevo es debido a las discrepancias entre estos dos fiscales y el fiscal Anticorrrupción, Manuel Moix. Maza ha decidido relevarles antes de que las discrepancias lleven a los fiscales a invocar el artículo 27 del Ministerio Fiscal. Hay que señalar que este artículo es al que se acogieron los fiscales que investigan la operación Lezo, en la que está imputado el expresidente madrileño, Ignacio González, después de que Moix se negara a autorizar el registro de la empresa Inassa, filial colombiana de Canal de Isabel II.
Maza afirmó ayer que uno de los factores que le habían llevado a tomar la decisión de relevarles de sus puestos es que tanto Grinda como Bermejo no tienen su despacho en Barcelona y así se podrán ocupar de asuntos en Madrid. Sus sustitutos serán Fernando Maldonado y Teresa Duerto.
En esta causa del 3%, la Fiscalía Anticorrupción considera acreditado que el exconseller de Justicia y exsecretario del Govern, Germà Gordó, era “el conseguidor o el recaudador” de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras públicas. La Fiscalía sostiene que “no existe explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones” que Gordó ha mantenido con empresarios, algunas de ellas en la sede de la antigua CDC e incluso en el Palau de la Generalitat.
Moix, en el punto de mira El problema para José Manuel Maza es que este polémico relevo se ha llevado a cabo cuando aún no se han apagado los rescoldos del fuego iniciado por su estrecho colaborador, el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, en la operación Lezo. Tanto es así que el PSOE, que el pasado jueves pidió la comparecencia en el Congreso de Maza y Moix, así como de los ministros de Justicia a Interior, Rafael Catalá y Juan Ignacio Zoido, respectivamente, exigió ayer del fiscal general del Estado el cese del fiscal Anticorrupción al considerar que este, a tenor de sus actuaciones, “no tiene ninguna intención de perseguir la corrupción, sobre todo si esta afecta al PP”.
Según señaló en rueda de prensa el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, el fiscal general del Estado debe abrir un expediente disciplinario al fiscal Anticorrupción, escuchar lo que Moix tenga que decir, llevar el asunto al Consejo Fiscal y proceder a apartarlo del servicio.
A la petición de dimisión de Moix se sumó Podemos que, además, también reclamó el cese del fiscal general. Gloria Elizo, secretaria de Acción Institucional en la Ejecutiva de la formación morada, afirmó ayer que tras las destituciones de los fiscales que investigan el caso del 3% es “imprescindible” la dimisión de Maza y de Moix porque su permanencia en el cargo hace “imposible mantener el crédito de las instituciones democráticas”.
Sin embargo, el fiscal general del Estado, y a tenor de las declaraciones que efectuó ayer en Granada, no tiene ninguna intención de cesar a Moix y, por otro lado, si acude al Congreso, tal como lo han solicitado los grupos de la oposición -PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos-, acudirá “encantado”, pero “manteniendo la reserva del contenido de las actuaciones”. Maza dejó claro que su comparecencia en la Cámara Baja depende de la decisión de los diputados -“serán ellos los que deben decidir”, señaló-, pero afirmó que no podrá aclarar la actuación de Moix en la operación Lezo, porque “es necesario mantener la reserva de las actuaciones”.
Apoyo del gobierno De momento, y como no podía ser de otro modo, José Manuel Maza cuenta con el total apoyo del Gobierno Rajoy, tal como así lo señaló ayer el portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo.
El ministro de Cultura defendió que la Fiscalía General del Estado es “independiente” del poder político y, tras señalar que Maza esta dispuesto a ir a Congreso a dar explicaciones, afirmó que “es fundamental dejar trabajar a los jueces sin injerencias. Hay que esperar a las decisiones que adopten y también respetar la presunción de inocencia”. “No es bueno sembrar la duda sobre el sistema judicial”, apostilló el ministro. - J.Núñez
