barcelona - Ni siquiera ha hecho falta que el president Carles Puigdemont haya puesto una fecha en el calendario para celebrar el referéndum de independencia. La Fiscalía de Catalunya se adelantó ayer a los preparativos del Govern al abrir diligencias de investigación por si de esas pesquisas “se desprenden indicios de la comisión de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos”. El Ministerio Público, que se escuda en “diversas informaciones en varios medios de comunicación” para actuar de oficio, mueve ficha para cortocircuitar la preparación de una nueva consulta.

Su organización entraría “en frontal infracción de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional”, argumentaron en una nota pública que hacía mención a una “publicidad institucional” insertada anteayer en el diario La Vanguardia sobre el registro de los catalanes que viven en el exterior como “muestra” de que la Generalitat ha comenzado con los preparativos. Es de sobra conocido que el Ejecutivo de Puigdemont prevé convocar la consulta para otoño como muy tarde, pero esta misma semana ha imprimido una mayor velocidad a las cuestiones preliminares.

Junts Pel Sí y la CUP han unido fuerzas para incluir una partida en los presupuestos para su organización. La siguiente estación ha sido la convocatoria de un concurso público para la adquisición de papeletas y sobres para procesos electorales. El último paso ha consistido en cerrar la ponencia conjunta para reformar el reglamento del Parlament que desbrozará el camino a las leyes de desconexión.

Varias voces de PSC, PPC y C’s ven la preparación de la consulta soberanista detrás de estas maniobras . La Fiscalía, cuya mano ha estado detrás de las inhabilitaciones al expresident Artur Mas y los consellers Rigau, Ortega y Homs por el 9-N, se hizo eco de esas alarmas. Aunque sin dar plazos, abrirá una investigación por la comisión de hasta tres presuntos ilícitos penales.

recurso a las cuentas El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, anunció ayer quepedirán un informe al Consejo de Estado como paso previo para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional si los presupuestos catalanes no se ajustan a la legalidad. Dos enmiendas en una disposición adicional de las cuentas, referentes al referéndum, podrían activar el litigio.“No respetar la ley equivale a menoscabar la democracia”, zanjó.