barcelona - Una de las líneas estratégicas de la Generalitat de Catalunya en los últimos años ha sido tratar de proyectar el proceso soberanista hacia el exterior, sobre todo las instituciones europeas, una tarea en la que, las más de las veces, se ha topado con una escasa recepción a sus planteamientos. Esta semana ha trascendido que el Gobierno español ha dedicado esfuerzos en todo este tiempo para lograr de los mandatarios extranjeros declaraciones contrarias al procés; un objetivo que se habría ejecutado, además, en forma de pago de “favores”. Esta revelación adquiere todavía más importancia porque fue realizada por el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo.

En declaraciones a 13TV, el actual diputado en el Congreso destacó las dificultades de los independentistas para encontrar apoyos internacionales a su causa: “Ellos han reconocido, cosa que me ha gratificado, que en la escena internacional han perdido en todo”. Agregó que “nadie sabe el esfuerzo que ha costado y los favores que debemos a una cantidad de gente por haber logrado las declaraciones que han hecho”. Según Margallo, “lo normal cuando te plantean un tema de otro Estado es decir: Oiga, esto es una cuestión interna, resuélvalo usted, no me haga a mí hacer una declaración importante sobre este tema. Y esto ha costado mucho trabajo”.

Estas afirmaciones provocaron ayer la reacción de dirigentes del Govern como el president Carles Puigdemont, que las calificó de impresentables, enormemente preocupantes y muy graves, por lo que dijo esperar que “el sistema democrático español sea suficientemente maduro” para pedirle explicaciones al exministro en sede parlamentaria. Consideró que Margallo, que ahora preside la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, debe justificar qué recursos públicos ha utilizado, a qué compromisos ha llegado y qué favores debe España, por lo que reclamó una comparecencia, una comisión de investigación “y, si conviene, llevar el caso hacia la Fiscalía” porque el exministro usó recursos públicos de manera innoble, según él. Puigdemont agregó que el Govern seguirá explicándose en el extranjero y que, cuantos más casos como éste surjan, “más interés crece fuera” sobre lo que pasa en Catalunya.

El vicepresident Oriol Junqueras también lamentó las declaraciones de Margallo y admitió que “sabemos las promesas que han ido haciendo, los sobornos que han ido pidiendo para obtener algún tipo de declaración” contra el independentismo catalán. Añadió que el objetivo del gabinete de Mariano Rajoy era “que pareciera que quizás no terminaba de enraizar del todo el proceso democrático” soberanista. Como consecuencia, el PDeCAT y ERC reclamaron ayer la comparecencia de Margallo en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para aclarar los “favores” que debe España, petición que deberá pasar ahora el filtro de la Mesa. El portavoz de Exteriores del PDeCAT, Jordi Xuclá, calificó estas revelaciones de “escándalo mayúsculo”.

Inhabilitaciones Por otro lado, y ante las condenas de inhabilitación que están recibiendo dirigentes soberanistas como Artur Mas y Francesc Homs, el conseller de Economía Oriol Junqueras afirmó que la aprobación de la Ley de Transitoriedad, destinada a propiciar la desconexión de España, servirá para dejarlas sin efecto. “Todo el mundo, o buena parte, consideramos que son injustas”, añadió. En declaraciones a Catalunya Ràdio, se mostró tranquilo respecto al afán judicializador del Estado: “Que nos inhabiliten, que hagan lo que deban hacer. Yo soy una pieza más de un mecanismo formidable”, dijo.